Claudio Tapia fue reelegido como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) este jueves, a pesar de un fallo judicial que buscaba suspender parte de la Asamblea General Ordinaria. La reelección, que tuvo lugar en el predio Lionel Messi en Ezeiza, contó con una multitudinaria participación de los clubes. Con este nuevo mandato de cuatro años, Tapia podría alcanzar once años en el cargo, tras haber asumido en 2017.
La reelección de Tapia ocurre en un contexto de conflicto con el gobierno de Javier Milei, quien promueve la introducción de las sociedades anónimas deportivas (SAD) en el fútbol argentino. Tapia y la AFA se oponen firmemente a este modelo, argumentando que los clubes deben seguir siendo asociaciones civiles sin fines de lucro, como establece el estatuto de la organización. Durante la asamblea, Tapia reafirmó su posición y destacó la importancia de los clubes en la formación de jugadores para las selecciones nacionales.
La Asamblea General Ordinaria también aprobó cambios en el estatuto de la AFA. Entre las modificaciones, se amplió el número de mandatos directivos, se suspendieron los descensos en la primera división y se decidió trasladar la sede de la AFA de la ciudad de Buenos Aires a Ezeiza. Sin embargo, estas decisiones están sujetas a lo que resuelva la Cámara de Apelaciones en lo Civil, por lo que su implementación aún no es definitiva.
A pesar de la reelección, la AFA enfrenta desafíos legales debido a un pedido del club Talleres de Córdoba, cuyo presidente, Andrés Fassi, fue el único que votó en contra de Tapia. La Inspección General de Justicia (IGJ) aceptó suspender parte de la asamblea, pero la AFA apeló esta medida, y se espera que la justicia resuelva el caso en las próximas semanas.
El enfrentamiento entre la AFA y el gobierno de Milei podría intensificarse. La IGJ tiene la autoridad para solicitar la intervención de la AFA, lo que podría desencadenar sanciones por parte de la FIFA. La organización internacional ha advertido en repetidas ocasiones sobre las consecuencias de la interferencia gubernamental en las federaciones nacionales, lo que podría poner en riesgo la participación de Argentina en competiciones internacionales.