Dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron a Venezuela el miércoles, dejando un saldo devastador de casi 1.000 fallecidos y más de 50.000 personas desaparecidas, según estimaciones de organismos internacionales. La tragedia ha generado creciente indignación entre la población, que denuncia la lenta respuesta de las autoridades en las labores de rescate.
El impacto de los sismos provocó el colapso de múltiples estructuras, especialmente en el estado costero de La Guaira, la zona más afectada. Edificios enteros se derrumbaron en cuestión de segundos, quedando reducidos a escombros bajo los cuales aún se presume hay sobrevivientes. En Caracas también se reportaron daños significativos.
Ante la magnitud del desastre, el gobierno decidió restringir el acceso a La Guaira y ordenó su militarización. Sin embargo, ciudadanos y sobrevivientes han expresado su frustración por la escasa presencia de rescatistas y la falta de equipo adecuado para remover los escombros. “Necesitamos ayuda, hay gente viva”, relató un afectado que busca a su familia entre los restos.
Mientras tanto, brigadas internacionales de al menos 17 países han comenzado a llegar para apoyar las labores de búsqueda y rescate. Equipos especializados enfrentan un panorama complejo, con estructuras colapsadas y pocas probabilidades de encontrar sobrevivientes con el paso de las horas, según expertos en emergencias.
En medio de la tragedia, también crece la tensión política. La presidenta Delcy Rodríguez fue abucheada durante una visita a una zona afectada, mientras que Estados Unidos anunció apoyo humanitario con recursos, personal y equipo. La crisis continúa agravándose mientras miles de familias esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos.