Una propuesta de reforma al Código Penal presentada ante la Asamblea Legislativa busca incrementar las sanciones por conducción peligrosa en El Salvador, fijando penas de 5 a 10 años de prisión para conductores del transporte colectivo y de carga mayor a ocho toneladas que circulen sin la licencia correspondiente. La iniciativa contempla además penas acumuladas de hasta 15 años de cárcel cuando de la conducción peligrosa deriven lesiones o fallecimientos, así como sanciones de 5 a 10 años de prisión para propietarios o encargados que permitan que un motorista opere la unidad sin el documento habilitante.
Analistas y expertos en movilidad han señalado que la normativa planteada se enfoca de manera selectiva en el transporte público y de carga, omitiendo sectores con alta siniestralidad como los vehículos particulares y las motocicletas. Al evaluar el alcance de las medidas, el experto en movilidad vial Hugo Mayorga afirmó: “Consideramos que la reforma propuesta afecta únicamente al sector del transporte público colectivo de pasajeros y al transporte de carga y que no es una propuesta generalizada”. Asimismo, respecto a la severidad de las sanciones propuestas para los propietarios de unidades, Mayorga añadió: “El Salvador sería el único país que tiene una pena de prisión propuesta para este delito tan alta”.
#Diálogo21 | “El Salvador sería el único país con una pena de 5 a 10 años de prisión para el propietario que permita conducir a alguien sin licencia. ¿Será proporcional la pena?”, cuestionó Hugo Mayorga, experto en movilidad vial. https://t.co/3DJ3Wgb2Ov
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Por su parte, representantes gremiales expusieron su inquietud ante el impacto operativo y laboral que la rigurosidad de las penas de cárcel no excarcelables podría provocar en la circulación diaria y el comercio. En cuanto al temor del personal de transporte de ser sancionado severamente, el vocero de la Mesa Nacional del Transporte, Luis Regalado, advirtió: “Bajo esa amenaza o ese miedo lo que va a pasar es que aunque no queramos eso va a disminuir el servicio”. A esta postura se sumaron dirigentes del transporte de carga internacional, quienes prevén un posible déficit de conductores e incrementos en los costos de los fletes logísticos.
#Diálogo21 | “La vulnerabilidad de un conductor del transporte público de pasajeros es mucho mayor que la de cualquier otro tipo de conductor”, afirmó Luis Regalado, de la Mesa Nacional de Transporte. https://t.co/RDT8fFAD3W
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A la par de las modificaciones penales, las reformas proyectadas a la ley de tránsito contemplan dotar de atribuciones a inspectores y gestores del Viceministerio de Transporte (VMT) para efectuar inspecciones técnicas y proceder a la retención de unidades y documentos cuando se detecten fallas mecánicas. Frente a esta medida, diversos sectores hicieron notar la diferencia en los tiempos de formación entre los agentes policiales y los gestores de tránsito, cuestionando si estos últimos cuentan con la preparación requerida para aplicar tales procedimientos de fiscalización en la vía pública.
Cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial reflejan que la accidentabilidad en el transporte colectivo y de carga ha disminuido en comparación con periodos anteriores, mientras que los percances en motocicletas han aumentado, destacándose que cerca del 50 % de los motociclistas circula sin licencia vigente. Frente a este escenario, los especialistas e integrantes del sector concluyeron que el incremento de penas no resolverá el problema por sí solo, haciendo un llamado a priorizar la educación vial, la prevención en carreteras y el establecimiento de mecanismos flexibles para regularizar las deudas por esquelas.
#Diálogo21 | “Debemos regular cuánto se le paga al chófer según la distancia recorrida para evitar que conduzca con prisa por hacer más viajes. Debe haber un equilibrio entre la responsabilidad del motorista, del transportista y del empresario, incluyendo el respeto a los límites de carga”, expresó Raúl Alfaro, presidente de ASTIC.
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