La justicia británica cuestionó este viernes el papel de los contenidos que vio una adolescente en las redes sociales antes de suicidarse, tras un proceso que relanza el debate sobre la influencia de estas plataformas y sus algoritmos.
Molly Russell, que sufría de depresión, se suicidó en noviembre de 2017 cuando tenía 14 años.
Sus familiares descubrieron que había sido expuesta en las redes sociales, principalmente Instagram y Pinterest, a numerosos contenidos que evocaban el suicidio, la depresión y la autolesión.
Un procedimiento judicial llamado Inquest, destinado a determinar las causas de su muerte, llegó a esta conclusión el viernes en Londres, después de diez días de audiencia.
Los contenidos que vio la joven “no eran seguros y nunca deberían haber sido accesibles a una niña”, afirmó en sus conclusiones Andrew Walker, encargado del procedimiento.
En lugar de calificar su muerte de suicidio, consideró que la joven “murió debido a un acto de autolesión, cuando sufría de depresión y de los efectos negativos de contenidos vistos en internet”.
El funcionamiento de los algoritmos de las redes sociales, que tienden a ofrecer a los usuarios contenido similar a lo que vieron anteriormente, “sin duda tuvo un efecto negativo en Molly”, insistió.
En un comunicado emitido tras la sentencia, una portavoz de Meta, casa matriz de Facebook, afirmó que sus “pensamientos están con la familia Russell y con todos los que se vieron afectados por esta trágica muerte”.
“Seguiremos trabajando con los principales expertos independientes del mundo para garantizar que los cambios que hagamos ofrezcan la mejor protección y apoyo posibles a los adolescentes”, añadió.
“Molly era una persona reflexiva, dulce, cariñosa, inquisitiva, desinteresada y hermosa”, ressumió su padre Ian en un comunicado.
“Es hora de que la cultura corporativa tóxica en el corazón de la mayor plataforma de medios sociales del mundo cambió”, instó.
En el Parlamento del Reino Unido se está examinando una ley sobre “seguridad en línea”, destinada a lograr un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de los usuarios, en particular los menores.