El personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades de El Salvador alcanzaron un acuerdo a nivel técnico sobre la segunda y tercera revisiones combinadas del programa suscrito bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF). El entendimiento todavía deberá ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo y está sujeto al cumplimiento de las medidas previas acordadas entre ambas partes.
Al concluir las conversaciones, el jefe de misión del FMI para El Salvador, Sr. Torres, destacó el desempeño de la economía salvadoreña y señaló que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real superó las expectativas durante 2025. Para 2026, el organismo proyecta un crecimiento de 4.5 %, impulsado principalmente por la inversión y el consumo privados, además de los flujos de remesas, turismo y capital. El FMI también vinculó este desempeño con las mejoras en seguridad y una mayor confianza de los inversionistas.
Uno de los principales compromisos contempla profundizar la consolidación fiscal mediante un manejo prudente del gasto y mejoras en la administración tributaria. El FMI prevé que el superávit primario del Sector Público No Financiero pase de 2.9 % del PIB en 2026 a 3.7 % en 2027, en línea con el objetivo de reducir la relación entre deuda pública y PIB al 80 % para 2030. El acuerdo también contempla avanzar en el fortalecimiento del sistema de pensiones, incluyendo el reconocimiento de obligaciones relacionadas con intereses adeudados a los fondos privados y una reforma paramétrica de pensiones prevista para el próximo año.
El organismo internacional también señaló avances y compromisos en materia de reservas, liquidez, regulación financiera, transparencia y gobernanza. Entre las medidas acordadas figuran el fortalecimiento de los mecanismos contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, una mayor transparencia sobre los beneficiarios finales y la publicación de declaraciones patrimoniales de altos funcionarios públicos. Asimismo, el FMI indicó que continuará el proceso para mejorar la información financiera del sector público y las instituciones encargadas de la rendición de cuentas.
En cuanto a Bitcoin y la billetera Chivo, el FMI informó que la participación pública en esta última se ha reducido de manera sustancial y que la propiedad mayoritaria y el control operativo fueron transferidos a un operador privado, mientras el Estado mantiene una participación minoritaria y la custodia de los activos de los clientes. El organismo sostuvo además que la acumulación de Bitcoin desde la primera revisión provino de donaciones privadas y no implicó recursos públicos, y que no se prevé una acumulación adicional más allá de las donaciones documentadas. El acuerdo técnico deberá avanzar ahora hacia la evaluación del Directorio Ejecutivo del FMI.