El Salvador ha oficializado la cadena perpetua tras reformar el artículo 27 de la Constitución para sancionar delitos de terrorismo, violaciones y homicidios cometidos con saña. El abogado y criminólogo Elmer Arias destacó que, con esta medida, “a nivel latinoamericano creo que somos el noveno país en aplicar la cadena perpetua” para crímenes de alta gravedad. La normativa busca neutralizar a individuos que representan un peligro extremo para la convivencia social.
#Diálogo21 | “A nivel latinoamericano, somos el noveno país en aplicar la cadena perpetua, pero no para todos los delitos; en El Salvador se reformó el artículo 27 de la Constitución para establecerla en casos de terrorismo, violación y homicidio”, señaló el abogado y… pic.twitter.com/h89jmLnLxy
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Aunque la reforma constitucional ya entró en vigor, su aplicación efectiva en los tribunales requiere de la armonización de leyes secundarias como el Código Penal y la Ley contra Actos de Terrorismo. Arias aclaró que “para que eso suceda hay que hacer primero la adecuación y la homologación de las leyes secundarias con la Constitución”. Sin estos ajustes normativos, los jueces aún enfrentan limitaciones técnicas para imponer la reclusión de por vida.
#Diálogo21 | “La cadena perpetua solamente aplica para tres delitos: violación, homicidios cometidos con barbarie y actos de terrorismo”, señaló el abogado y criminólogo, Elmer Arias. pic.twitter.com/GG9GNc6pyw
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La nueva legislación también contempla su aplicación a menores de edad, quienes contarán con una revisión de su condena cada cinco años. El especialista explicó que esta distinción es necesaria porque “un menor de edad todavía está en el proceso de formación como ser humano” y puede mostrar cambios sustanciales en su comportamiento. El Consejo Criminológico evaluará periódicamente si existe una evolución real que permita considerar su reinserción.
Finalmente, el sistema judicial creará tribunales especializados enfocados en el análisis científico y perfiles criminales para determinar la peligrosidad de los imputados. Según Arias, el país inicia una etapa de “investigación científica como tal para determinar en los aspectos de criminalidad del sujeto” si este puede volver a la sociedad. El objetivo es garantizar que quienes no demuestren capacidad de reinserción permanezcan bajo custodia permanente.