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Debaten alcances de la reforma electoral y representación de la diáspora

William Santos mayo 15

La implementación de reformas electorales ha generado un análisis profundo sobre la representación de la diáspora salvadoreña y la reconfiguración de la Asamblea Legislativa. Estas medidas buscan modificar el equilibrio del sistema político bajo un modelo de mayor participación y despartidización institucional. Sin embargo, el debate se centra en si los mecanismos actuales garantizan una representación genuina para los ciudadanos residentes en el exterior o si se trata de una estrategia para consolidar fuerzas políticas existentes.

Respecto a la viabilidad de estas reformas, la abogada Tahnya Pastor señaló que, a pesar de las críticas a la composición actual del legislativo, “esto es algo que va a quedar hacia el futuro” y representa una deuda histórica con los salvadoreños fuera del país. Por el contrario, el abogado Manuel Zometa cuestionó la efectividad del proceso para los residentes en el extranjero, afirmando que “¿dónde se ve reflejado el derecho de la diáspora si no son ellos los que van a elegir a sus representantes?“. Según Someta, la falta de actualización en los mecanismos de inscripción obliga a la diáspora a elegir entre candidatos que ya residen en el territorio nacional.

Por su parte, el sociólogo Carlos Huezo defendió la legalidad del proceso, subrayando que “las personas que están en el exterior ya tienen el derecho porque ya se giró eso de que se hagan los procesos internos debidos” dentro de cada partido político. Hueso enfatizó que la reforma permite que los afiliados en el extranjero participen directamente en las elecciones internas, lo que desmonta las narrativas de exclusión y permite una mayor pluralización de la oferta electoral para la denominada “circunscripción 15”.

Finalmente, el análisis abordó la transparencia a través de la nueva Ley Anticorrupción y la situación del sistema educativo. Los expertos coincidieron en que, si bien existen avances en la fiscalización patrimonial y la inversión en infraestructura escolar, persisten desafíos en la aplicación no selectiva de la justicia y la dignificación de la labor docente. El cumplimiento de los plazos para las declaraciones de activos y pasivos será clave para fortalecer la confianza de la población en la administración pública.