La Corte Suprema de Argentina rechazó este martes una demanda que mantenía frenada la derogación de las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, permitiendo en la práctica la aplicación del decreto impulsado por el presidente Javier Milei en 2023.
La Ley de Tierras, aprobada en 2011, establecía que los extranjeros no podían ser propietarios de más del 15 % de las tierras rurales del país. La normativa también fijaba límites a nivel provincial y municipal para evitar una concentración de la propiedad en manos extranjeras.
Milei derogó estas restricciones mediante un decreto en diciembre de 2023. Sin embargo, en marzo de 2024 un tribunal suspendió la medida tras una demanda presentada por el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas (CECIM), que cuestionó la decisión del Gobierno.
Ahora, el máximo tribunal argentino rechazó el reclamo al considerar que la organización demandante no estaba habilitada para presentar esa acción. La sentencia aclara que la decisión no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del decreto, aunque especialistas sostienen que permite que sus disposiciones sean aplicadas.
El fallo generó críticas de sectores que se oponen a la flexibilización. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que, tras la decisión, extranjeros y Estados extranjeros podrían adquirir tierras rurales sin los límites establecidos anteriormente. El Gobierno también intentó modificar estas restricciones mediante el Congreso, pero retiró el capítulo en agosto ante la falta de votos y la resistencia de distintos sectores.