Tras la reciente inauguración de la nueva sede de la Fiscalía General de la República (FGR), expertos en derecho analizaron el giro estratégico hacia un modelo de “Ley y Orden”. Esta propuesta busca trascender el combate a las pandillas para consolidar un control total del orden público, enfocándose en la profesionalización judicial y la persecución de delitos financieros, informáticos y de corrupción.
El criminólogo Elmer Arias enfatizó que la eficacia de este enfoque no debe limitarse a endurecer penas, sino que debe atender las raíces del problema. “Los efectos o las cuestiones que generaron la criminalidad en el país no han sido tratadas como aquella desigualdad o la falta de oportunidades para los jóvenes”, señaló Arias. Asimismo, sugirió que para que el sistema sea verdaderamente persuasivo, delitos como la corrupción deberían incluirse entre los castigados con cadena perpetua.
#Diálogo21 | “Si el objetivo es persuadir a los funcionarios o empleados públicos a que ya no se cometa la corrupción, se hubiese incluido dentro de los delitos con cadena perpetua”, afirmó el abogado Elmer Arias. pic.twitter.com/qeXtORaHdK
— Diálogo – GMV (@dialogo21) May 25, 2026
Por su parte, el abogado Óscar Campos destacó que el modelo representa una oportunidad para modernizar la gestión penal mediante la sinergia entre la FGR, la policía y el órgano judicial. Campos subrayó que el éxito se medirá por la confianza ciudadana: “Si la gente aumenta la cantidad de denuncias es porque está confiando en el sistema y luego, obviamente, las condenas”. No obstante, advirtió que la actual reserva de información pública supone un reto para la transparencia institucional.
#Diálogo21 | “El tema de la prevención es una herramienta que funciona antes o después de iniciar una persecución penal; pero creo que, si el presidente Bukele está en la línea de generar ese nuevo modelo institucional, en algún momento habrá acciones orientadas a la prevención”,… pic.twitter.com/J1Z4hoCVzv
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Finalmente, los especialistas coincidieron en que el sistema judicial enfrenta el desafío de recuperar su credibilidad mediante una depuración del recurso humano y el respeto estricto a las garantías constitucionales. El consenso apunta a que la aplicación del rigor legal debe ser general para toda la sociedad salvadoreña, garantizando que el fortalecimiento del poder estatal no derive en abusos de autoridad.