La propuesta del presidente Nayib Bukele de intercambiar migrantes venezolanos recluidos en el CECOT por la liberación de presos políticos en Venezuela ha puesto al descubierto las contradicciones del régimen de Nicolás Maduro, según la abogada y analista Tahnya Pastor.
“Nosotros no tenemos la titularidad de decisión sobre estas personas; sin embargo, esto se realiza con el aval de Estados Unidos, aunque no esté dicho explícitamente. Se sobreentiende. Y creo que es una movida muy astuta por parte del presidente Bukele”, afirmó Pastor durante su intervención en el programa #Diálogo21.
La jurista considera que la iniciativa del mandatario salvadoreño exhibe el doble rasero del líder venezolano, quien en repetidas ocasiones prometió repatriar a sus ciudadanos, incluso a los que fueron trasladados al CECOT desde EE.UU. “Iba a hacer hasta lo imposible… hasta que le propusieron algo que tenía que ver con su régimen dictatorial”, ironizó Pastor.
Para la abogada, Bukele no hace más que desenmascarar el discurso de Maduro, quien habla de derechos humanos, debido proceso y torturas en cárceles “autodescribiéndose sin querer”, afirmó. “Todo es postureo, no hay una verdadera voluntad de cambio”, agregó.
#Diálogo21 | La abogada Tahnya Pastor considera que las acciones de los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador responden a una actuación conjunta en beneficio humanitario de los presos políticos en Venezuela. pic.twitter.com/RU8VwXoYhg
— Diálogo – GMV (@dialogo21) April 23, 2025
Además, Pastor subrayó que este movimiento no se da en solitario. Asegura que tanto El Salvador como Estados Unidos actúan de forma coordinada, con un trasfondo de interés humanitario hacia los opositores encarcelados en Venezuela.
#Diálogo21 | "En el caso de Kilmar Ábrego, ya debería estar teniendo un proceso por pertenencia a organizaciones ilícitas aquí en El Salvador", considera la abogada @TahnyaPastor. pic.twitter.com/6w7q7dNExf
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También señaló que casos como el del migrante Kilmar Ábrego, quien a su parecer debería enfrentar un proceso por pertenencia a organizaciones ilícitas en El Salvador, deben ser abordados desde la legalidad vigente.