AFP
Más de 2.000 efectivos de la policía de Colombia comenzaron este martes a ingresar a 11 cárceles del país para combatir la extorsión, un delito dirigido mayoritariamente por presos y que los grupos criminales usan para financiarse.
El operativo se inició en la madrugada en prisiones de Bogotá, Medellín (noroeste) e Ibagué (centro-oeste), según un mensaje de la institución enviado a los medios.
Alrededor de 2.000 miembros de los comandos de operaciones especiales participan en el despliegue apoyados por helicópteros y unidades caninas.
En el primer día del operativo, la policía informó de ocho “capturados”, entre ellos seis guardias cómplices de los criminales en una prisión de Girardot (centro), y más de 300 celulares incautados.
El director de la policía, general William Salamanca, aseguró en un video que el objetivo del operativo es dar un golpe a “quienes están alterando el orden y la convivencia” de Colombia desde las cárceles.
El gobierno afirma que la extorsión es una de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado, como ocurre en otro países de Sudamérica.
Tras las rejas, los delincuentes engañan y amenazan a sus víctimas con llamadas telefónicas o mensajes de texto.
En las calles también intimidan con panfletos a comerciantes y empresarios, que en algunos casos han llegado a ser asesinados.
En Bogotá las autoridades señalan principalmente a bandas de origen venezolano, como el Tren de Aragua y Los Satanás, como responsables.
En 2023, al menos 9.800 personas denunciaron ante la policía ser víctimas de este delito, según datos recogidos por la Defensoría del Pueblo.
La entidad estatal que protege los derechos humanos pidió al gobierno modernizar “el sistema penitenciario con tecnología” para mejorar los “inhibidores de señal de dispositivos móviles en las cárceles colombianas”.
En zonas rurales y pequeños poblados, guerrillas como el ELN y las disidencias de las FARC y cárteles como el Clan del Golfo también extorsionan para mantener el control territorial.
Junto a Colombia, Perú es uno de los países más afectados por la extorsión en la región.
El gobierno de ese país declaró el estado de emergencia en 14 distritos de Lima hasta la segunda semana de 2025, por lo que los militares están desplegados en las calles.