AFP
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) defendió este viernes la investidura de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala en enero próximo, luego de que la fiscalía asegurara que los comicios generales deberían ser anulados por supuestas irregularidades.
“Los resultados están validados, están oficializados y son inalterables (…)”, los funcionarios electos “deben tomar posesión” en enero, “de lo contrario hay rompimiento del orden constitucional”, afirmó en rueda de prensa la presidenta del TSE, Blanca Alfaro.
La magistrada aseguró que el Ministerio Público (fiscalía) “no tendría ninguna facultad” para hacer que el TSE anule unas elecciones, “salvo una sentencia que venga de la Corte de Constitucionalidad (CC, máximo ente judicial)”.
“Nuestro presidente es don Bernardo Arévalo y nuestra vicepresidenta Karin Herrera”, quienes ya recibieron sus credenciales como ganadores del balotaje en agosto, al igual que 340 alcaldes, 160 diputados y 20 miembros del Parlamento Centroamericano elegidos en los comicios generales de junio, afirmó.
Poco antes, en conferencia de prensa, la fiscal Leonor Morales denunció que hubo anomalías en “las actas finales de cierre de escrutinio” por lo que “son nulas de pleno derecho” para consignar los resultados de las elecciones.
Morales dijo que las actas no fueron aprobadas “por el pleno” del TSE, por lo que no debieron usarse, y señaló que la investigación se hizo por la denuncia de “un ciudadano”, pero no lo identificó ni mencionó responsables, argumentando reserva del caso.
El jefe de la fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, anunció que se presentarían los resultados de la investigación al TSE para que los analice y tome “la decisión al respecto”, tras lo cual reaccionó Alfaro.
Según analistas, estas acusaciones son un nuevo intento del Ministerio Público por evitar que Arévalo asuma el poder el 14 de enero, ya que sectores políticos tradicionales temen a su promesa de lucha frontal contra la corrupción.
En rueda de prensa, el presidente electo reiteró que las acciones de la fiscalía son un “golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso”.
“Es un golpe al corazón de nuestra democracia”, dijo, y llamó a los guatemaltecos a “defender enérgicamente” la “posibilidad de construir un país distinto”.
Arévalo y sus seguidores acusan a la fiscal general Consuelo Porras de ser la artífice de “un golpe de Estado” y han pedido su renuncia en manifestaciones en las calles.
“Los golpistas intentan destruir el régimen democrático y acabar con el derecho básico de los guatemaltecos a vivir en libertad”, puntualizó.
– “Rompimiento democrático” –
En reiteradas ocasiones, Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han condenado las acciones de la fiscalía contra Arévalo, un socialdemócrata de 65 años.
“El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”, afirmó este viernes la secretaría general de la OEA, en un comunicado.
La Unión Europea condenó “de manera inequívoca los intentos” de anular los resultados de las elecciones “basándose en falsas acusaciones de fraude”, dijo el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
En tanto, la cúpula empresarial local afirmó en un comunicado que “cualquier acción que tenga la finalidad de contravenir los resultados electorales ya oficializados, no debe tener cabida en nuestra democracia”.
Rechazando las críticas de la comunidad internacional, Curruchiche aseguró que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, así como “diplomáticos, embajadores, senadores de países extranjeros de forma abusiva quieren interferir” y evitar que la fiscalía investigue.
Sin dar tregua a su ofensiva contra Arévalo, en la rueda de prensa la fiscalía también lo acusó de supuestas ilegalidades en la formación de su partido, Semilla, en 2018, además de un presunto caso de lavado de dinero, por lo que insistió en que hará dos nuevos pedidos de retiro de su inmunidad de presidente electo.
Según la fiscalía, Arévalo sabía de falsificaciones de firmas cuando se creó el partido político y presuntamente tampoco registró los ingresos a la fuerza política.
A mediados de noviembre, presentó una primera solicitud para despojar de inmunidad a Arévalo y a Herrera, a quienes acusó de instigar a estudiantes que ocuparon de mayo de 2022 a junio de 2023 la estatal Universidad de San Carlos.