Por: Saraí Escobar
El sistema de transporte público en El Salvador enfrenta el cierre de 2025 con una serie de dificultades estructurales que, según representantes del sector, responden a décadas de débil planificación, control estatal limitado y un esquema operativo fragmentado. Factores como una flota envejecida, rutas poco integradas y tarifas congeladas han incidido en la calidad y confiabilidad del servicio para la población usuaria.
De acuerdo con Lucio Vázquez, vocero de la Mesa Nacional de Transporte, durante el año salieron de operación 241 unidades a nivel nacional, lo que habría dejado sin servicio a cerca de 100 mil personas. Esta reducción, explicó, está asociada a la falta de rentabilidad del sector, lo que ha llevado a empresarios a retirarse ante la imposibilidad de renovar unidades o sostener los costos operativos.
#Diálogo21 | “Esperábamos una reducción de unidades operando en el sistema y, efectivamente, de las 248 previstas fueron 241 las que dejaron de brindar el servicio. Esto significa que cerca de 100 mil personas a nivel nacional dejaron de recibir el servicio, debido a la situación… pic.twitter.com/nl1zrbXTIX
— Diálogo – GMV (@dialogo21) December 16, 2025
El sector también señala atrasos en el pago de la compensación económica estatal, que al cierre del año acumularía entre cinco y seis meses de mora. Esta situación, sumada a la competencia ilegal y a limitaciones normativas, habría restringido la liquidez de los operadores y reducido la capacidad de inversión en mantenimiento y modernización del servicio.
#Diálogo21 | Lucio Vásquez, representante de la Mesa Nacional del Transporte, indicó que los empresarios del transporte público consideran insostenible la situación económica del sector, aseguran que ya no tienen nada más que perder y que ya se han perdido más de mil unidades a… pic.twitter.com/f2IFwkxNZ1
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Frente a este escenario, la Mesa Nacional de Transporte asegura haber presentado propuestas a distintas instancias del Estado orientadas a la reactivación económica del sector. Entre ellas figuran la integración de rutas, la reorganización del sistema en áreas metropolitanas, la renovación de la flota y ajustes normativos. Los representantes del gremio sostienen que existe disposición a participar en un proceso de transformación del transporte público, siempre que se dé un acompañamiento institucional sostenido y se priorice la mejora del servicio a la población.