AFP
Los restos del ambientalista Juan López, que estaba en la recta final en su lucha para cerrar a una minera a cielo abierto en Honduras, serán sepultados este lunes después de ser asesinado el domingo.
Una multitudinaria concurrencia acompañó a la familia de López, de 46 años, en una funeraria céntrica en la comunidad de Tocoa, unos 220 km al noreste de Tegucigalpa, donde sicarios le dispararon al salir de una iglesia católica.
– Crimen político –
López, que deja a su esposa y dos hijas menores de edad, era un férreo opositor a la explotación minera a cielo abierto por la compañía Los Pinares y denunció daños en la reserva forestal Botaderos, cerca de Tocoa.
“Este es un crimen político”, sentenció en una misa de cuerpo presente el sacerdote jefe de los jesuitas en Honduras, Ismael Moreno.
“El crimen político busca paralizar el pueblo”, alertó y preguntó a los presentes si aceptaban “quedarse con el miedo” y la multitud respondió que “no”. “Juan López vive, la lucha sigue y sigue”, corearon.
Rita Romero, abogada del comité que integraba López, explicó a la AFP que la lucha contra la minera está llegando a su fin.
– Fin de la minera –
“Los Pinares se tiene que retirar (…) hay un decreto que prohíbe que se les dé otro nuevo contrato de concesión en la zona protegida (…) el contrato de concesión se venció en enero” pasado, sentenció.
“Estábamos a la espera del rescate material de la zona protegida, el decreto lo rescata legalmente, pero materialmente la zona protegida seguía bajo el control armado de Inversión Los Pinares y eso lo pudimos constatar el 5 de julio”, lamentó.
Instó a las autoridades ambientales a que apoyen un recurso que interpusieron en la Sala Constitucional para que se detenga una consulta a la población para instalar una planta termoeléctrica a base de petróleo “altamente tóxico”.
La representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Isabel Albaladejo, instó al Estado a investigar el caso “considerando” las “posibles represalias” contra López “por sus denuncias contra el alcalde Adán Fúnez (de Tocoa), a quien pidió su renuncia por presuntos vínculos con el crimen organizado”.
El ambientalista había pedido recientemente en rueda de prensa la renuncia de Fúnez, que pertenece al oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), luego de que apareciera en un video negociando sobornos con narcotraficantes en 2013, desatando un escándalo en el país.
López era también concejal de la alcaldía de Tocoa por Libre.
En la grabación aparecía también Carlos Zelaya, hermano del derrocado expresidente Manuel Zelaya, esposo de la presidenta Xiomara Castro.
Tras reconocer que participó del encuentro, Carlos Zelaya renunció a su curul como diputado y a su cargo como secretario del Congreso.
La abogada Romero aseveró que “hablar de la minera es hablar del alcalde, hablamos de un matrimonio, la minera pudo llegar hasta donde pudo llegar por su protección de parte del gobierno local”, sostuvo.
La presidenta Xiomara exigió “la mayor capacidad y atención a nuestras autoridades para que de manera inmediata se aclare el terrible crimen”.
La Policía hondureña señaló en un comunicado que unidades de la institución recolectan evidencias “que permitirán esclarecer los hechos”.
El ambientalista contaba con medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde octubre de 2023.
– Peligro para ambientalistas –
En noviembre de 2021, López comentó sobre los riesgos que corren los ambientalistas en Honduras: “Cuando uno se mete en este país a defender los bienes comunes […] entra en choque con los grandes intereses”, dijo durante una entrevista con la AFP.
“Si uno sale de su casa siempre tiene en mente que no sabe que le puede pasar y si puede volver a su casa, y si puede volver a ver a la familia”, afirmó López entonces.
En esa conversación con la AFP, contó que una vez alguien le advirtió que le pasaría lo mismo que a Berta Cáceres, la reconocida líder ecologista hondureña asesinada a tiros el 2 de marzo de 2016 por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica en el oeste del país.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cofundado por Cáceres, señaló que el Estado y el gobierno de Castro “son responsables de este nuevo asesinato por no garantizar la vida de Juan”.
Honduras es uno de los países más letales para los activistas medioambientales en el mundo, de acuerdo con la ONG Global Witness, que en un informe publicado la semana pasada lo ubicó en el cuarto lugar con 18 asesinatos en 2023, después de Colombia (79), Brasil (25) y México (18).