En el actual panorama político de El Salvador, la noción de “campaña adelantada” o “campaña propagandística anticipada” carece de una definición explícita en el Código Electoral. Sin embargo, el artículo 81 de la Constitución establece pautas concretas: “La propaganda electoral sólo se permitirá, aún sin previa convocatoria, cuatro meses antes de la fecha establecida por la ley para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, dos meses antes para diputados y un mes antes para concejos municipales.”
Este marco legal refleja el delicado equilibrio entre el derecho de los partidos políticos y sus candidatos a darse a conocer, y la necesidad de asegurar elecciones libres y justas. El Tribunal Supremo Electoral reconoce esta dimensión como parte de la libertad de expresión y la libertad de información, fundamentales en un sistema democrático.
No obstante, el Tribunal también señala que la propaganda política persigue influir en los votantes para obtener su apoyo en el contexto de una campaña, o para desalentar su respaldo a otros partidos o candidatos. Estas campañas políticas, con sus respectivas estrategias propagandísticas, están restringidas por un calendario electoral autorizado por el Tribunal Supremo Electoral:
- Campaña para candidatos presidenciales y vicepresidenciales: 3 de octubre de 2023 al 31 de enero de 2024.
- Campaña para diputados a la Asamblea Legislativa: 3 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024.
- Campaña para concejos municipales: 5 al 28 de febrero de 2024.
Si bien se han establecido mecanismos sancionatorios para partidos y personas que incumplan estas disposiciones, así como regulaciones para los medios de comunicación, el panorama actual presenta nuevos desafíos. Aunque no existe un reglamento específico para regular las redes sociales en este contexto, las autoridades han expresado la intención de ejercer una vigilancia constante.
Además, están buscando acuerdos de colaboración con plataformas como XTwitter, Facebook e Instagram para fortalecer los controles y aplicar sanciones a quienes violen la ley.