Organizaciones de derechos humanos en Colombia rechazaron este jueves las amenazas de los guerrilleros disidentes de las extintas FARC contra comisiones humanitarias de la ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo. El grupo liderado por Iván Mordisco prohibió a miembros de estas entidades ingresar a territorios bajo su control, alegando supuestas “violaciones de confianza y neutralidad”.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la restricción “agrava” las condiciones de vida y aumenta la vulnerabilidad de la población civil en zonas apartadas. “Esta decisión vulnera el derecho internacional humanitario”, añadió, resaltando la gravedad de limitar el acceso de organismos de protección a comunidades en riesgo.
Por su parte, la OEA negó las acusaciones sobre falta de imparcialidad de su Misión de Apoyo al Proceso de Paz y rechazó las insinuaciones de que hubiera filtrado información para favorecer acciones militares. Human Rights Watch enfatizó la importancia de la labor de estas misiones y pidió al gobierno colombiano garantizar condiciones de seguridad para su operación.
El viceministro del Interior, Gabriel Rondón, afirmó que “no hay un milímetro del territorio colombiano que pueda ser vedado por actores armados”. Mordisco, quien se apartó del acuerdo de paz de 2016, abandonó en 2024 las negociaciones iniciadas con el gobierno de Gustavo Petro, tras un año de intentos por desactivar el conflicto mediante diálogos.
Desde su retiro de la mesa de negociación, la violencia contra la población civil se ha intensificado. El gobierno de Petro adoptó una estrategia de guerra frontal contra las guerrillas y otros grupos armados, después de que los esfuerzos de paz de medio siglo fracasaran, intensificando los enfrentamientos en varias regiones del país.