“La gente apoya al presidente, pero le preocupa la economía del día a día”, afirmo Guillermo Gallegos

La más reciente encuesta de la UCA sobre la situación del país en 2025 refleja un amplio respaldo ciudadano hacia la gestión del presidente Nayib Bukele, aunque también evidencia una preocupación persistente por el empleo y las condiciones económicas de la población. En el análisis del panorama nacional, distintos actores coincidieron en que, pese a los avances en seguridad y aprobación gubernamental, el costo de la vida sigue siendo uno de los principales desafíos para las familias salvadoreñas.

El dirigente político Guillermo Gallegos señaló que los resultados de la encuesta muestran una dualidad clara entre apoyo y preocupación social. “La gente apoya mucho la gestión del presidente Bukele, pero también le preocupa mucho la situación económica del día a día”, afirmó, subrayando que todavía existe un sector que no percibe el crecimiento del país reflejado en la economía familiar. Además, mencionó medidas como la llamada “ley quincena 25”, impulsada para dar “un oxígeno a la clase trabajadora”.

Por su parte, el analista Vladimir Melara advirtió que el punto crítico continúa siendo la economía, ya que “la población está resintiendo su situación económica, no está alcanzando para completar el mes”. Indicó que, aunque el combate a la delincuencia mantiene un saldo político favorable para el gobierno, el alza de precios y la falta de inversión extranjera sostenida representan un reto estructural. “Aquí hay un desafío que es el tema económico”, sostuvo, insistiendo en la necesidad de una planificación de largo plazo.

En otro tema de relevancia nacional, ambos participantes se refirieron a la deportación y proceso judicial del exfuncionario Norman Quijano, considerado un hecho de fuerte impacto político. Gallegos afirmó que “es un mensaje contundente… de cero impunidad”, mientras Melara lo calificó como “un precedente” que demuestra que “tarde o temprano la justicia los va a alcanzar”. El caso, coincidieron, deja una señal para la clase política sobre la importancia de actuar con responsabilidad y dentro del marco legal.