El Congreso de Honduras, controlado por la derecha, destituyó este miércoles al fiscal general, Johel Zelaya, tras acusaciones de abuso de poder durante su gestión, supuestamente en favor del anterior gobierno de izquierda. La votación se realizó en una sesión marcada por empujones, gritos y enfrentamientos entre oficialistas y opositores, consolidando la influencia de los partidos conservador y liberal en el parlamento.
Zelaya fue reemplazado de inmediato por Pablo Reyes, oficialista, quien completará el mandato que concluye en febrero de 2029. Según los legisladores, el fiscal general habría favorecido al partido Libre durante la reñida campaña electoral, actuando contra autoridades electorales vinculadas a los partidos tradicionales, hechos que motivaron el juicio político en su contra.
En paralelo, Rebeca Ráquel, magistrada afín al partido Libre y presidenta de la Corte Suprema de Justicia, presentó su renuncia irrevocable antes de que se iniciara un juicio político en su contra. Su decisión llegó en medio de la tensión que generaron los intentos de los diputados de Libre por intervenir en la sesión, siendo contenidos por seguridad del Congreso y recurriendo a pitos para manifestar su rechazo.
Johel Zelaya aseguró en X que había sido juzgado y condenado de forma anticipada y se negó a comparecer ante la comisión legislativa que lo interrogó días antes. La destitución del fiscal general marca la primera de varias acciones planeadas por la alianza entre los partidos Nacional y Liberal para reorganizar el sistema judicial y electoral del país.
Analistas señalan que estos movimientos consolidan el control político de la derecha en Honduras, afectando la relación entre poderes del Estado y generando preocupación sobre la independencia del sistema judicial. La crisis también refleja la polarización política que persiste desde las elecciones de noviembre, respaldadas por Donald Trump, en las que se denunciaron irregularidades por parte de la oposición.