El gobierno de Guatemala ha presentado este miércoles una ambiciosa iniciativa legislativa contra las pandillas, que incluye un proyecto de “Ley Antipandillas”, el endurecimiento de penas por extorsión y la construcción de una cárcel de máxima seguridad. La medida llega en medio de una creciente preocupación por el aumento de homicidios y la expansión del crimen organizado en el país.
Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos, continúan operando principalmente en Guatemala y Honduras, dedicándose a la extorsión de comerciantes y empresarios del transporte. Según el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, estas estructuras criminales funcionan con jerarquías claras y buscan ampliar su control territorial y económico.
El proyecto de ley entregado al Congreso propone aumentar de 8 a 15 años las penas por extorsión, además de reformas al código procesal penal y a la ley contra la delincuencia organizada. Entre sus elementos más destacados se encuentra la propuesta de construir una cárcel de máxima seguridad, equipada con tecnología biométrica para el control de reclusos, celdas dobles y un hospital interno para evitar traslados.
El presidente Bernardo Arévalo respaldó la iniciativa, asegurando que responde a una demanda urgente de la población por mayor seguridad. Sin embargo, Arévalo se distanció del modelo salvadoreño implementado por Nayib Bukele, que ha sido duramente criticado por organismos de derechos humanos por presuntas detenciones arbitrarias. En la región, otros países como Costa Rica y Ecuador también han anunciado planes similares para enfrentar el auge del crimen organizado.
De acuerdo con el ministro Jiménez, en Guatemala operan actualmente unos 12.000 pandilleros y colaboradores, mientras que otros 3.000 se encuentran en prisión. La tasa de homicidios ha aumentado de 16,1 a 17,65 por cada 100.000 habitantes en el último año, más del doble del promedio mundial, según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Las autoridades esperan que esta nueva ley contribuya a revertir la tendencia y fortalezca la seguridad ciudadana.