El nuevo gobierno de Perú anunció este viernes la suspensión del jefe de la policía de Lima, el general Enrique Felipe Monroy, tras las violentas protestas ocurridas esta semana en la capital, que dejaron un joven muerto y más de un centenar de personas heridas. La decisión se conoció a través de un memorando oficial citado por la agencia AFP, en el que también se confirmó el relevo temporal del cargo por parte del general Manuel Vidarte.
Las manifestaciones, encabezadas por jóvenes de la Generación Z, tuvieron lugar el miércoles y fueron dirigidas contra el Congreso y el gobierno interino de José Jerí, quien asumió el poder el pasado 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte. Las protestas surgieron inicialmente por el aumento de la inseguridad y la violencia, especialmente en Lima, donde el crimen organizado ha intensificado las extorsiones y asesinatos en los últimos meses.
Durante las marchas, el rapero Eduardo Ruiz, de 32 años, perdió la vida tras recibir un disparo de un suboficial de la policía, quien fue detenido. Las autoridades confirmaron que al menos 113 personas resultaron heridas, entre civiles y agentes del orden. Junto a Monroy, otros dos altos mandos —de las divisiones de inteligencia y de investigación criminal— también fueron suspendidos mientras avanzan las investigaciones sobre el uso de la fuerza durante las protestas.
La indignación popular se ha intensificado en Lima, donde desde hace un mes se desarrollan movilizaciones que han pasado del rechazo a la delincuencia al descontento general con la clase política. La presencia masiva de jóvenes, muchos portando banderas de la serie japonesa One Piece como símbolo de resistencia, refleja una nueva forma de protesta que mezcla cultura pop con reclamos sociales. El gobierno de José Jerí, de apenas una semana en el poder, enfrenta así su primera gran prueba.
Frente a la creciente violencia, el Ejecutivo anunció que declarará el estado de emergencia en Lima y el puerto de Callao, una medida que afectará a más de 10 millones de personas. Con esta declaratoria, se permitirá la militarización de las calles y se restringirán derechos como la libertad de reunión. Jerí, de 38 años y expresidente del Congreso, ejercerá el cargo de forma interina hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el mando tras nuevas elecciones generales.