El debate sobre la exportación de políticas de seguridad en Centroamérica ha cobrado fuerza tras las discusiones sobre la posible aplicación del modelo salvadoreño en países vecinos como Honduras y Guatemala. Expertos en criminología y derecho analizan si las medidas extraordinarias implementadas en El Salvador pueden adaptarse a realidades geográficas y delictivas distintas, en medio del debate entre efectividad y respeto a los derechos fundamentales.
El abogado y criminólogo Misael Rivas considera que, aunque no puede replicarse de forma literal, otros gobiernos pueden retomar elementos clave del modelo. A su juicio, la intervención estatal se vuelve necesaria cuando la criminalidad debilita al Estado y compromete la seguridad ciudadana.
#Diálogo21 | “La aplicación de un programa de seguridad basado en el modelo Bukele puede lograrse, siempre y cuando se tome en cuenta la idiosincrasia y todos los elementos estatales de Honduras, para que pueda ser aplicado o reflejado según las necesidades que ese país… pic.twitter.com/BzKCDzIsfM
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Por su parte, el jurista Elmer Arias señala que los países de la región pueden aprender de los aciertos y errores del proceso salvadoreño para perfeccionar sus propias estrategias, reduciendo márgenes de error y garantizando el respeto al marco legal.
#Diálogo21 | “Lo que considero es que el ministro de Seguridad de Honduras pudo haber establecido que, si bien es cierto se puede tomar como modelo, deben analizarse ciertos aspectos para que, en su aplicabilidad, no se cometan violaciones a los derechos humanos”, expresó el… pic.twitter.com/bsS7RLm4jc
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Ambos especialistas coinciden en que la solución a la inseguridad en el Triángulo Norte depende de la voluntad política de sus líderes y de una visión regional coordinada que combine control del delito con prevención a largo plazo.