La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro condenó al exfiscal General de la República, Luis Antonio Martínez González, por enriquecimiento ilícito durante su gestión en el cargo entre 2012 y 2015. El tribunal determinó que Martínez incrementó su patrimonio de manera injustificada en $71,736.62, cifra que no pudo explicar adecuadamente ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Martínez, quien ocupó el cargo de fiscal general desde el 4 de diciembre de 2012 hasta el 3 de diciembre de 2015, se vio envuelto en una investigación sobre el origen de sus fondos. Las autoridades encontraron que el exfuncionario había realizado pagos en sus tarjetas de crédito y depósitos bancarios sin justificar de manera adecuada la procedencia de los recursos. Además, se detectaron disparidades entre la disponibilidad de sus fondos y sus elevados gastos, lo que dio pie a la acusación de enriquecimiento ilícito.
El fallo judicial, emitido por la Cámara de lo Penal, ordenó que Martínez devuelva la suma de $71,736.62 al Estado de El Salvador, y además, se le impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante los próximos diez años. Esta condena se suma a su historial judicial que ha estado marcado por diversas investigaciones y condenas.
En paralelo, el exfiscal enfrenta un proceso de extinción de dominio, en el que se analiza la posible pérdida de bienes relacionados con actividades ilícitas. Este proceso está vinculado a la “Operación Corruptela”, que desveló un desfalco significativo en la Fiscalía General de la República (FGR), con la sustracción de fondos por un total de $735,866.14. Las investigaciones apuntaron a la realización de consultorías ficticias, contrataciones irregulares, remodelación de viviendas y el pago de gastos personales, como mantenimiento de vehículos y viáticos.
La audiencia de extinción de dominio que estaba programada para este lunes fue aplazada, lo que ha generado expectación en el seguimiento del caso. A pesar del retraso en esta audiencia, las autoridades continúan con el proceso judicial relacionado con los recursos obtenidos de manera ilícita durante la gestión de Martínez.
Cabe recordar que en 2018, Martínez ya había sido condenado a cinco años de prisión por el delito de divulgación de material reservado en perjuicio del sacerdote Antonio Rodríguez Tercero, conocido como “padre Toño”. Este caso se originó tras la publicación de conversaciones privadas del religioso, las cuales fueron utilizadas por Martínez para obtener declaraciones en un proceso penal contra el sacerdote en el Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana.
La investigación que llevó a la condena de Martínez comenzó de forma oficiosa en 2014, luego de que un periódico digital publicara una denuncia sobre el uso indebido de las conversaciones del sacerdote. Esta acusación sumó otra capa de irregularidades a la gestión del exfiscal, quien se enfrenta a múltiples procesos judiciales que continúan afectando su legado como funcionario público.