Por: Saraí Escobar
Analistas políticos evaluaron el manejo institucional del caso de Ruth López, así como las reformas que implican cierres de entidades y cambios en el uso del espacio público, señalando posibles impactos en sectores vulnerables.
La analista Bessy Ríos cuestionó la actuación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el seguimiento del caso. “El caso de Ruth López no se ha tratado como un proceso penal estándar y la Procuraduría ha actuado con opacidad”, afirmó, advirtiendo además que miles de personas con discapacidad podrían quedar sin atención ante los cambios anunciados.
#Diálogo21 | La analista política Bessy Ríos sostuvo que el caso de Ruth López no se ha tratado como un proceso penal estándar y que la Procuraduría de Derechos Humanos ha actuado con opacidad, incumpliendo su deber de dar seguimiento. pic.twitter.com/rUrBWUj1jU
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El analista Manuel Zometa consideró que la institución debe responder a las medidas cautelares solicitadas por la CIDH. También criticó el posible cierre de entidades de atención social. “Se pretende ahorrar cerrando instituciones que atienden a adultos mayores, personas con discapacidad y excombatientes, lo que evidencia las prioridades de este gobierno”, señaló.
#Diálogo21 | “Se pretende ahorrar cerrando instituciones que atienden a adultos mayores, personas con discapacidad y excombatientes, lo que evidencia las prioridades de este gobierno”, señaló el analista político Manuel Zometa. pic.twitter.com/43Zho0lojz
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Por su parte, Aldo Álvarez defendió la facultad del Ejecutivo para reorganizar el aparato estatal, al considerar que estas decisiones pueden mejorar la eficiencia. “Es potestad del Gobierno crear o cerrar ministerios y proponer reformas a las autónomas, siempre con la visión de hacer más eficiente la gestión”, sostuvo.
#Diálogo21 | El analista Aldo Álvarez sostuvo que es potestad del Gobierno crear o cerrar ministerios y proponer reformas a autónomas ante la Asamblea, siempre bajo la visión de hacer más eficiente y cumplir con las demandas de la población. pic.twitter.com/GYWe17JyNi
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En cuanto al uso del espacio público, Ríos cuestionó el enfoque de los proyectos en el Centro Histórico al preguntar: “¿Para quién va a ser el centro? ¿Para los turistas extranjeros o para nosotros?”. Zometa añadió que las autoridades han ratificado que está prohibido entregar alimentos a indigentes en esa zona, mientras Álvarez señaló que las acciones de caridad pueden mantenerse siempre que se realicen de manera ordenada.