La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador emitió un fallo que condena al exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas, y a su grupo familiar a reintegrar al Estado $202,557.51, tras ser hallados culpables de enriquecimiento ilícito. La sentencia responde a una demanda presentada por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, que solicitaba el reintegro de fondos por presuntas irregularidades en los ingresos y patrimonio de Chicas y sus allegados.
La Fiscalía había solicitado que Chicas, su esposa Blanca Steffany Ayala, su excónyuge Ana Lucía Ramírez, y su hijo Carlos Ernesto Chicas González, devolvieran $282,494.21. En el caso de Chicas, la demanda apuntaba a irregularidades por un valor de $252,306.13. Sin embargo, el abogado defensor, Abel Chavarría, logró desestimar algunas inconsistencias en la audiencia probatoria, reduciendo la cifra que Chicas deberá devolver a $173,705.57.
A pesar del fallo adverso, la defensa de Chicas planea apelar ante la Sala de lo Civil. Según Chavarría, la Cámara Segunda de lo Civil no consideró elementos clave en la defensa, incluyendo pericias y testimonios rendidos en favor del exfuncionario. En su apelación, sostienen que los fondos cuestionados tienen un origen lícito y que la sentencia es injusta.
Además de la condena contra Chicas, la sentencia incluye el reintegro de fondos por parte de sus familiares. Su esposa, Blanca Steffany Ayala Martínez, deberá pagar $11,282, su hijo, Carlos Ernesto Chicas González, $1,080.44, y su exesposa Ana Lucía Ramírez Ayala, $16,489.50. El fallo permitió a los demandados reducir $79,936.07 de la cantidad inicialmente solicitada por la Fiscalía, una cifra significativa que lograron excluir en la audiencia.
El fallo también aplica el artículo 21 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, inhabilitando a Chicas para ocupar cargos públicos durante diez años. La disposición establece que los funcionarios hallados culpables de enriquecimiento ilícito pierden el derecho a ejercer funciones públicas durante ese periodo, asegurando que no puedan reincidir en estas prácticas.
Chicas, quien se desempeñó como secretario de comunicaciones del expresidente Salvador Sánchez Cerén entre 2015 y 2018, y fue diputado por el FMLN en la Asamblea Legislativa y en el Parlamento Centroamericano, enfrenta ahora las consecuencias de su administración patrimonial cuestionada, un hecho que pone de relieve la lucha contra la corrupción en la función pública.