Delcy Rodríguez admite “una mancha” en la relación con EE. UU. tras captura de Maduro, pero abre diálogo petrolero

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles que la relación con Estados Unidos tiene “una mancha” tras el ataque militar del 3 de enero que culminó con la captura del entonces presidente Nicolás Maduro. No obstante, la nueva mandataria expresó disposición a negociar la venta de petróleo con Washington, en medio de fuertes presiones políticas y económicas por parte del gobierno estadounidense.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró que el ataque dejó al menos 100 muertos y que Maduro y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos antes de ser detenidos y trasladados a Estados Unidos. Washington, por su parte, sostuvo que controlará de forma indefinida las ventas de crudo venezolano y anunció la incautación de dos petroleros en aguas internacionales, como parte de su estrategia para reforzar su influencia sobre el sector energético venezolano.

Rodríguez, quien asumió el cargo el martes, señaló que el intercambio comercial con Estados Unidos “no es extraordinario ni irregular”, luego de que la estatal Pdvsa confirmara negociaciones para vender petróleo a ese país. En Caracas, mientras tanto, se reactivaron las manifestaciones convocadas por sectores oficialistas en rechazo a la operación militar estadounidense y en defensa de la soberanía nacional.

Desde Washington, el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmaron que Estados Unidos tiene un plan definido para Venezuela y que no está improvisando. El presidente Donald Trump anunció que el gobierno interino entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo para su venta bajo control estadounidense y que los ingresos serán administrados por Washington.

Analistas señalan que Rodríguez enfrenta el reto de mantener un delicado equilibrio entre responder a las exigencias de Estados Unidos y reorganizar el chavismo tras la salida de Maduro. Su gobierno interino, con una duración máxima de 180 días, ya ha realizado cambios en áreas clave y deberá convocar a elecciones, mientras la situación política y económica del país continúa bajo intensa atención internacional.