La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, se postuló este viernes a la Corte Suprema de Justicia, lo que, según sus críticos, sería un intento por garantizarse inmunidad frente a acusaciones de corrupción por las cuales fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea.
Esta es la segunda ocasión en que Porras busca acceder a una de las máximas cortes del país. Hace dos semanas perdió la elección de los primeros dos magistrados en otra instancia, y ahora aspira a la Corte Suprema, que elegirá a dos magistrados del tribunal constitucional, cuyos fallos son inapelables.
Un vocero de la Corte indicó que recibieron expedientes de 39 candidatos para magistrados titular y suplente, entre los que se encuentra Porras, quien presentó su documentación mediante una representante. La fiscal, de 72 años, también busca un tercer período en la Fiscalía y ha sido señalada por supuestamente perseguir a exfuncionarios antimafia, periodistas y líderes sociales, acusaciones que ella niega.
Expertos de la ONU han vinculado a Porras con un caso de adopciones ilegales de niños indígenas durante la década de 1980, durante la guerra civil, aunque la fiscal ha rechazado estas imputaciones. Washington y el bloque europeo la calificaron como “corrupta” y “antidemocrática”, sanciones que han marcado la polémica en torno a su gestión.
Guatemala se encuentra en un proceso de elección de los miembros de las máximas instancias judiciales, incluida la Fiscalía, cuyo titular será designado por el presidente Bernardo Arévalo a más tardar el 16 de mayo. Arévalo ha denunciado que el sistema judicial está bajo la influencia de una élite política y económica corrupta y cuestiona que la selección de candidatos priorice la experiencia sobre la integridad.