El Salvador ha dado un giro trascendental en su política criminal tras la ratificación legislativa de la cadena perpetua para delitos de alto impacto, como el terrorismo y el homicidio agravado. Esta reforma constitucional busca adaptar el marco legal a una realidad marcada por la violencia de las últimas décadas, endureciendo las penas en un contexto donde el régimen de excepción continúa siendo la principal herramienta de seguridad del Estado. La medida ha reabierto el debate sobre la eficacia del castigo frente a los modelos tradicionales de rehabilitación y reinserción social.
El académico Rafael Fco. Góchez defiende esta transición doctrinal, argumentando que ciertos crímenes son tan “abominables” que hacen inviable la reincorporación del victimario a la comunidad. Para Góchez, la prioridad del sistema debe ser la protección de la ciudadanía mediante la neutralización del criminal más que la simple búsqueda de su reforma. Al respecto, el docente sostiene que “el objetivo de la pena perpetua no es disuadir… se está buscando cómo incapacitar al delincuente, es decir, evitar que vuelva a la sociedad a hacer más daño”.
#Diálogo21 | “Hay algo que no concuerda entre la doctrina sobre la cual se arma la Constitución de El Salvador y la realidad, porque existen delitos tan abominables que resulta muy difícil pensar que la persona que los cometió en algún momento pueda reinsertarse”, señaló el… pic.twitter.com/Th7sxn46rk
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Por el contrario, el investigador Walter Fagoaga advierte que este endurecimiento penal podría responder a un fenómeno de “populismo punitivo” más que a una solución técnica contra la criminalidad. Fagoaga señala la importancia de que el Estado mantenga el equilibrio entre el control territorial y el respeto a las garantías individuales, cuestionando la normalización de medidas excepcionales. Según el especialista, “el régimen de excepción es darle al Estado permiso para que abuse de tus derechos… el Estado tiene que ser el que te garantice la seguridad pero el gozo de tus derechos”.
#Diálogo21 | “En el mundo nadie ha demostrado que, con penas más drásticas, se cometen menos delitos, ni tampoco que al endurecer las medidas se logre fortalecer realmente el sistema”, señaló el sociólogo, Lic. Walter Fagoaga. pic.twitter.com/FqkW6eV6kI
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El futuro de este modelo de seguridad genera posturas encontradas entre quienes priorizan la reducción histórica de homicidios y quienes denuncian posibles arbitrariedades en las detenciones masivas. Mientras el oficialismo presenta las reformas como un acto de justicia necesaria, el sistema judicial enfrenta el reto de procesar a miles de detenidos garantizando el debido proceso. La sostenibilidad de estas medidas a largo plazo sigue bajo el escrutinio de organismos internacionales y diversos sectores de la sociedad civil.