Analistas evalúan cambios constitucionales y situación institucional del país

Por: Saraí Escobar

Analistas políticos expresaron fuertes críticas en torno a la gestión del presupuesto público, las reformas constitucionales y el estado actual de las instituciones en El Salvador. Mélida Villatoro cuestionó el 6 % asignado a la Corte Suprema de Justicia, al considerarlo uno de los presupuestos más onerosos, señalando un uso excesivo de recursos sin resultados proporcionales, aunque aclaró su respeto hacia los jueces que actúan con probidad.

Sobre las reformas constitucionales, Héctor H. Turcios advirtió que modificar la Constitución por partes representa un error que puede afectar el régimen legal y político del país. A su juicio, lo adecuado sería convocar a una asamblea constituyente, ya que introducir cambios según conveniencia política puede generar desorden institucional. En la misma línea, Vladimir Melara criticó la forma en que se han impulsado reformas de alto impacto, cuestionando el uso de la dispensa de trámite y señalando una desvalorización del texto constitucional por parte de los legisladores.

Melara también sostuvo que toda reforma constitucional debería orientarse a mejorar la vida de los salvadoreños, pero alertó que cuando los cambios apuntan a la concentración del poder, se pone en duda la verdadera intención de dichas modificaciones. Además, cuestionó la reducción del presupuesto al Órgano Judicial en un momento que calificó como crítico para la justicia, subrayando que sin recursos suficientes es imposible garantizar una impartición de justicia eficiente.

Por su parte, Villatoro recordó que desde la década de los años 80 la administración pública requiere reformas profundas, proceso que, según afirmó, se ha acelerado en la gestión actual. Turcios añadió que partidos como el PDC y el FMLN generaron expectativas que no se cumplieron al llegar al poder. Finalmente, Melara señaló un clima de desilusión social, asegurando que la población observa con apatía lo que ocurre en los distintos órganos del Estado y prefiere guardar silencio ante la falta de respuestas a sus demandas.