AFP
La policía detuvo el martes por presunto lavado de activos al alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez, un duro crítico del presidente Daniel Noboa, y a otras 10 personas, incluido su hermano que es presidente del célebre club Barcelona, informó la Fiscalía.
El popular mandatario local de 41 años enfrenta varios procesos judiciales que lo obligan a comandar la ciudad más poblada y violenta de Ecuador con un grillete electrónico en el pie.
“Sabemos perfectamente que detrás de todo esto hay un trasfondo netamente político”, declaró a periodistas Ramiro García, abogado del alcalde que se dice inocente en otro proceso por presunto tráfico de combustible.
Una fotografía de Álvarez en ropa interior y junto a policías fuertemente armados, circuló en algunos medios locales. En imágenes difundidas por la Fiscalía se observan bolsos con fajos de billetes, computadoras y celulares.
Además del alcalde fueron detenidos sus hermanos Xavier y Antonio Álvarez. Este último es el presidente de Barcelona, el club más popular del país y que el fin de semana disputó un partido amistoso con el Inter Miami del astro argentino Lionel Messi.
Sin referirse a la detención, el club informó en X que nombró un presidente sustituto para “garantizar la continuidad administrativa, operativa y deportiva” de Barcelona.
En el denominado caso Goleada, la Fiscalía investiga los presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y fraude tributario.
La policía ejecutó “órdenes de detención con fines de formulación de cargos” contra los 11 investigados, señaló el ministerio público en X.
Simpatizantes de Álvarez, del partido opositor Revolución Ciudadana, se reunieron en las afueras del cuartel adonde fue llevado.
Levantaban carteles con la leyenda “Vamos Aquiles”. Al grito de “Aquiles, amigo, el pueblo está contigo”, mostraron su apoyo al funcionario, quien denuncia la falta de resultados en la guerra anticrimen que impulsa Noboa.
En octubre, en una entrevista con la AFP, Álvarez reconoció que en su ciudad “se vive con tensión” y advirtió que con los procesos judiciales buscan inhabilitarlo para ser candidato en las próximas elecciones de alcaldías.
En el momento del operativo Álvarez “no portaba el grillete electrónico, medida cautelar dispuesta dentro del caso” por supuesta comercialización ilegal de combustible, señaló la Fiscalía.
Las autoridades estiman que el perjuicio para el Estado por el caso que enloda a la familia Álvarez es de 61,5 millones de dólares.
El alcalde será trasladado hasta Quito para una audiencia judicial.