El nuevo gobierno de Chile anunció este lunes un aumento histórico en los precios de los combustibles, con un incremento cercano a medio dólar por litro, tras realizar un ajuste en un mecanismo estatal que hasta ahora amortiguaba la volatilidad de los precios internacionales. La medida comenzará a regir este jueves y se produce en un contexto de fuerte presión sobre la economía debido a la dependencia casi total del país de las importaciones de petróleo.
Según informó el Ministerio de Hacienda, la gasolina pasará de costar aproximadamente 1,3 dólares por litro a 1,7, mientras que el diésel se revalorizará de 1 dólar a 1,7. El aumento responde al fuerte incremento del precio del petróleo en el mercado internacional, que pasó de 70 a 110 dólares por barril, como consecuencia de la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Medio.
El gobierno de José Antonio Kast, que asumió hace apenas dos semanas, afirmó que el mecanismo de control de precios le costaba al Estado unos 140 millones de dólares semanales en el actual contexto internacional. “Estamos enfrentando un shock de los más grandes en el mercado del petróleo en décadas, en un contexto de estrechez fiscal muy severa. Tenemos que tomar decisiones duras para resguardar las finanzas públicas”, señaló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en un comunicado oficial.
Tras el anuncio, se registraron largas filas en gasolineras de la capital, Santiago, mientras que economistas advirtieron sobre el impacto en la inflación. “Para el ciudadano común es un alza sin precedentes al precio de la gasolina y diésel”, señaló Juan Ortiz, profesor de la Universidad Diego Portales. Según Ortiz, el efecto sobre la inflación se reflejará principalmente a partir de abril, lo que presionará aún más el costo de vida en el país.
Para mitigar el impacto, la administración anunció medidas como el congelamiento de la tarifa del transporte público y un bono mensual de 110 dólares para los taxistas durante seis meses. La nueva gestión busca además reducir el déficit fiscal, que en 2025 alcanzó el 3,6% del PIB, mediante recortes en los gastos ministeriales y un plan de ahorro de 6.000 millones de dólares en 18 meses, equivalente al 2% del PIB, en un intento por estabilizar las finanzas públicas.