La aprobación de la reforma constitucional para habilitar la cadena perpetua en El Salvador ha desatado un análisis profundo sobre su impacto en el sistema penal. Mientras la Asamblea Legislativa respalda la medida para delitos de homicidio, violación y terrorismo, diversos sectores debaten si esta herramienta es una respuesta necesaria a la criminalidad o una transformación del modelo de rehabilitación vigente.
El analista político Carlos Araujo cuestionó la intención detrás de la iniciativa, calificándola como una “respuesta mediática al impacto que han tenido los informes” internacionales sobre derechos humanos. De manera indirecta, Araujo sugirió que la propuesta no aporta novedades al control delincuencial, ya que el crimen de pandillas está actualmente controlado y las condenas altas ya impiden que los criminales salgan de prisión.
#Diálogo21 | “Esa propuesta no es más que una respuesta mediática al impacto que han tenido los informes del grupo de expertos internacionales; en los últimos días ha habido una serie de acciones vinculadas a derechos humanos y persecución política que han generado una reacción… pic.twitter.com/NW1Dp4Tje4
— Diálogo – GMV (@dialogo21) March 19, 2026
Por su parte, la abogada Tahnya Pastor coincidió en que la cadena perpetua ya existe “de hecho” debido a las penas acumuladas que llegan a los 60 años, por lo que la reforma busca formalizar legalmente lo que ya ocurre en la práctica. Pastor afirmó que era fundamental “llevar a la legalizar o llevar a la Constitución esta situación” para otorgar una legitimidad absoluta desde la carta magna a las políticas de seguridad actuales.
#Diálogo21 | “Hay que entender que no se aplicará la cadena perpetua de forma generalizada, sino que cada caso será evaluado de manera proporcional”, afirmó la analista Tahnya Pastor. pic.twitter.com/tFJiA79FPM
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Finalmente, el doctor Carlos Carcach, experto en criminología, señaló que “no hay evidencia que una pena de este tipo vaya a disuadir a alguien” de cometer delitos. Indirectamente, el investigador advirtió que la reforma parece priorizar objetivos políticos y de “neutralización” sobre el principio de reinserción, mientras se dejan de lado problemas judiciales más urgentes como la mora procesal.
#Diálogo21 | “Es preocupante que, siendo una reforma a la Constitución, esté pasando prácticamente de forma rapidísima”, señaló el analista Carlos Carcach, sobre la reciente reforma constitucional relacionada con la cadena perpetua. pic.twitter.com/iz6yF9PWIv
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