El Congreso de Argentina aprobó la noche del viernes la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, conocida como la “ley de modernización laboral”. La iniciativa busca fomentar la contratación mediante la flexibilización de normas laborales, incluyendo la reducción de indemnizaciones, la posibilidad de pagos en bienes o servicios, jornadas de hasta 12 horas y limitaciones al derecho a huelga. La aprobación se dio con 41 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, tras un intenso debate marcado por protestas y una huelga general.
El proyecto generó un fuerte rechazo de sindicatos y organizaciones sociales, que se concentraron frente al Congreso con carteles como “no a la esclavitud” y el lema “la patria no se vende”. Manifestantes denunciaron que la ley permite a los empleadores disponer del tiempo de los trabajadores y fragmentar las vacaciones, cuestionando la eficacia del banco de horas y la negociación de jornadas.
En defensa de la reforma, Milei y legisladores oficialistas sostienen que la ley creará un entorno favorable para la inversión y la creación de empleo formal, en un país donde más del 43% de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad. Para Milei, la medida es un paso hacia la previsibilidad y reglas claras que incentiven la actividad empresarial y los nuevos emprendimientos.
Expertos y opositores cuestionan la efectividad de la norma. Según Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, la reforma es regresiva y está basada en una premisa falsa, ya que la creación de empleo depende más de la política económica que de la legislación laboral. Además, el instituto estatal Indec proyecta que la mayoría de las empresas manufactureras no incorporará personal en los próximos meses.
La sanción de la ley se produce en un contexto de caída de la actividad industrial, cierre de más de 21.000 empresas y pérdida de alrededor de 300.000 puestos de trabajo en los últimos dos años. La reforma se suma a otra medida aprobada el mismo día que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, ambas leyes siendo consideradas por Milei como logros clave antes de su discurso anual ante el Congreso.