Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señalaron este lunes a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, por su presunta participación en adopciones ilegales de niños indígenas durante la guerra civil que vivió el país entre 1960 y 1996.
La denuncia fue dada a conocer mediante un comunicado publicado en Ginebra, el mismo día en que Porras fracasó en su intento de ser electa magistrada de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal en materia constitucional.
Según los expertos, recibieron información sobre al menos 80 menores indígenas que habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras su captura y desaparición forzada. Los niños habrían sido trasladados al Hogar Temporal Elisa Martínez, donde Porras fungió como directora y tutora legal entre enero y agosto de 1982.
El grupo solicitó investigaciones independientes para esclarecer las alegaciones, señalando que en estos procesos habrían participado funcionarios públicos. También instaron a las autoridades encargadas de elegir magistrados a actuar con cautela ante la gravedad de los señalamientos.
La candidatura de Porras no obtuvo votos en la elección realizada por la Universidad de San Carlos, aunque su postulación podría continuar en otras instancias. La fiscal, cuyo mandato concluye en mayo, ha sido sancionada previamente por Estados Unidos y la Unión Europea por acciones consideradas antidemocráticas, incluyendo intentos de obstaculizar la investidura del presidente Bernardo Arévalo.