Por: Saraí Escobar
La captura de Norman Quijano tras su deportación de Estados Unidos marca un precedente en el sistema judicial salvadoreño, donde deberá cumplir una pena de 13 años y 4 meses de cárcel. El exfuncionario fue condenado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, tras comprobarse negociaciones con pandillas para manipular resultados electorales.
El abogado Óscar Campos destacó la efectividad de las instituciones para ubicar al sentenciado y someterlo a la ley. Sobre el proceso, Campos afirmó: «El mensaje es claro… en este caso no es persecución política, ha habido un proceso bastanteado y que se ha quedado demostrado». Según el jurista, este hecho refuerza el principio de cero impunidad ante delitos cometidos por figuras de alto perfil.
#Diálogo21 | El abogado Óscar Campos señaló que la deportación de Norman Quijano podría tener consecuencias tanto jurídicas como políticas, ya que su condena podría abrir la puerta a investigaciones por otros delitos que involucren a miembros del mismo partido. pic.twitter.com/lf4ho0VloQ
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Por su parte, el abogado Elmer Arias aclaró que el retorno de Quijano se derivó de un «tema eminentemente migratorio, administrativo» en suelo estadounidense y no de una extradición convencional. Arias subrayó el impacto de este caso en la política nacional, señalando que «a partir de ahí se da un colapso respecto al bipartidismo que había en el país», al quedar expuestos los nexos de partidos tradicionales con estructuras terroristas.
#Diálogo21 | “Esta captura sienta un precedente no solo para quienes estuvieron en el ejercicio público, sino también para quienes actualmente lo están, ya que existen señalamientos de que algunos funcionarios habrían tenido, en su momento, acercamientos con estructuras… pic.twitter.com/ikDQTwdKP2
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La ejecución de esta sentencia fue posible gracias a las reformas legales que permiten el juicio en ausencia, garantizando que la justicia avance pese a la huida de los implicados. Con la ratificación de la condena por la Sala de lo Penal, las autoridades penitenciarias procederán ahora a clasificar al recluso según su nivel de riesgo y peligrosidad.