Por: Saraí Escobar
La implementación de la denominada “quincena 25” ha generado diversas reacciones entre especialistas, presentándose como un alivio financiero para los trabajadores que perciben menos de $1,500 mensuales. Aunque la medida busca mitigar el alto costo de la vida, el debate se centra en si representa un cambio estructural o una disposición temporal con efectos limitados en el consumo nacional.
El economista Carlos Acevedo valoró positivamente el ingreso adicional para las familias, señalando que esta medida “representa como un aumento el equivalente a un aumento de un poco más de 4% del salario”. No obstante, Acevedo advirtió que la concentración del pago en una sola cuota podría significar una “carga fuerte” para los micro y pequeños empresarios, quienes podrían enfrentar dificultades para cubrir dicho monto.
#Diálogo21 | El ex pdte. del BCR, Carlos Acevedo, advirtió que la Quincena 25 podría generar desigualdad entre los trabajadores y señaló que para los micro y pequeños empresarios representa una carga fuerte que podría dificultar cumplir con este pago. pic.twitter.com/FV3vS0lbfp
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Por otro lado, César Villalona expresó sus dudas sobre la finalidad de la iniciativa, sugiriendo que carece de un impacto profundo en la inversión. “El impacto no es tan grande… creo que tiene un contenido más político electoral”, afirmó Villalona, añadiendo que, tras el gasto inicial de enero, la población regresará a su salario habitual sin que se hayan modificado las condiciones de demanda necesarias para dinamizar la economía de forma sostenible.
#Diálogo21 | El economista Lic. César Villalona señaló que la quincena 25 tiene un carácter más electoral, impulsará el consumo en enero, pero su impacto será limitado cuando los salarios vuelvan a la normalidad en los meses siguientes. pic.twitter.com/BdoZMZZfGe
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Más allá de este beneficio, el panorama económico del país sigue marcado por una deuda que supera el 80% del Producto Interno Bruto (PIB). Acevedo subrayó que el servicio de la deuda ya consume aproximadamente la cuarta parte del presupuesto nacional, lo que equivale a los presupuestos de educación y salud combinados, condicionando la capacidad del Estado para realizar inversiones sociales a largo plazo.