Por: Saraí Escobar
La analista política Bessy Ríos consideró que, aunque es positivo condenar las negociaciones con pandillas ocurridas entre 2014 y 2015, la actual administración también debe actuar con coherencia. “Mantener en el gobierno a funcionarios señalados por Estados Unidos sin imponerles sanciones debilita la confianza ciudadana”, afirmó. Agregó que una eventual reelección “respondería más a lealtades políticas que al cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para la defensa de los derechos humanos”, los cuales, según dijo no son cumplidos ni por la actual procuradora ni por los demás candidatos.
#Diálogo21 | La analista política Bessy Ríos sostuvo que todo procurador de derechos humanos debe caracterizarse por su independencia y un estricto compromiso con la defensa de los derechos fundamentales. pic.twitter.com/ytfzJRpkxc
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Por su parte, el analista político Manuel Zometa señaló que, aunque se han tomado acciones contra los pactos con pandillas del pasado, “aún existen figuras señaladas por estos hechos que no enfrentan procesos judiciales”. Respecto a la reciente actualización de la Ley de Lavado de Dinero, manifestó que está de acuerdo con su modernización, pero advirtió que “la amplia discrecionalidad que se le otorga a las instituciones del Ejecutivo para decidir quién cumple o no con la normativa genera preocupación”.
#Diálogo21 | El analista político Manuel Zometa señaló que la principal responsabilidad del nuevo procurador para la defensa de los derechos humanos es velar porque la suspensión de garantías constitucionales no resulte en violaciones a los derechos fundamentales. pic.twitter.com/bTxuIdrSOd
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El analista político Aldo Álvarez opinó que la aplicación de la ley debe ser completa y sin excepciones. Desde una perspectiva jurídica, indicó que si un partido político se benefició electoralmente de un pacto con pandillas, “también debería enfrentar consecuencias, incluida su posible cancelación”. En relación con el marco legal de los derechos humanos, explicó que “la Constitución establece los principios fundamentales, y la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos los desarrolla con mayor detalle, dividiéndolos en tres niveles”.
#Diálogo21 | El analista político Aldo Álvarez opinó que, desde una perspectiva jurídica, la ley debe aplicarse de forma completa y, si un partido se benefició electoralmente de un pacto con pandillas, también debería enfrentar consecuencias, incluida su posible cancelación. pic.twitter.com/ls2kNwuYkY
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