Por: Saraí Escobar
El pasado 11 de agosto entró en vigencia la nueva Ley Anticorrupción en El Salvador, aprobada en febrero de este año. Esta normativa crea el Sistema Integrado Nacional Anticorrupción (SINAC), que articula a instituciones como la Fiscalía, la Corte de Cuentas y el Ministerio de Justicia para prevenir, investigar y sancionar la corrupción en el ámbito público.
El abogado Óscar Campos recordó que “al suscribir convenios internacionales desde 1996, El Salvador está obligado a adoptar medidas concretas contra la corrupción”, por lo que esta ley responde también a compromisos asumidos a nivel global. No obstante, señaló que el verdadero reto será su aplicación efectiva, y advirtió que la corrupción no se limita al enriquecimiento ilícito, sino que también incluye otras prácticas como el soborno y el tráfico de influencias.
#Diálogo21 | El abogado Óscar Campos indicó que, al suscribir convenios internacionales desde 1996, El Salvador está obligado a adoptar medidas concretas contra la corrupción. pic.twitter.com/Z5nDgyrndn
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Por su parte, el abogado Elmer Arias valoró que la ley “viene a armonizar y a darle más robustez a las normas que ya están vigentes”, y subrayó como un avance la obligación anual de declarar activos y pasivos. Sin embargo, también advirtió que “la principal novedad de la ley es la creación de dos instituciones para investigar la corrupción, pero no se establecen los mecanismos ni procedimientos para llevar a cabo esas investigaciones”.
#Diálogo21 | El abogado Elmer Arias señaló que la principal novedad de la ley es la creación de dos instituciones para investigar la corrupción, pero advirtió que no se establecen los mecanismos ni procedimientos para llevar a cabo esas investigaciones. pic.twitter.com/qpE3Jlrm9Q
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Ambos coincidieron en que la normativa representa una oportunidad significativa para avanzar en la lucha contra la corrupción, pero insistieron en que será clave su implementación real y sostenida. También destacaron que la ley contempla protección para los denunciantes, lo que podría incentivar la participación ciudadana en la vigilancia del uso de los recursos públicos.