Expertos analizan los desafíos legales y militares para localizar a los cuatro soldados salvadoreños desaparecidos en Haití

La búsqueda de cuatro aerotécnicos militares salvadoreños desaparecidos en Haití continúa tras más de diez días del incidente, mientras se intensifican las operaciones de rescate reforzadas por contingentes de las Fuerzas Armadas. El despliegue operativo tiene como objetivo prioritario localizar con vida a los efectivos en medio de un entorno convulso, marcado por el control de bandas criminales y la inestabilidad social en el país caribeño.

El suceso ha generado inquietud en la sociedad salvadoreña ante la incertidumbre sobre el estado de los militares y los riesgos asociados a la intervención. Sobre la postura que debe adoptar el país ante esta crisis, el especialista en prevención de violencia y cultura de paz, Juan Carlos Torres, indicó que “hay que mantener la calma, la serenidad y pensar un poco más de forma estratégica”. En esa misma línea, el analista de políticas públicas Nelson Flores subrayó la naturaleza estructural del conflicto haitiano y sostuvo que “lo más importante es la efectividad que vaya a tener la acción militar especialmente neutralizando todas estas bandas criminales”.

Por otra parte, la viabilidad legal y operacional del contingente en el extranjero demanda definiciones claras sobre el mandato internacional aplicable. El general José Edgar Campos advirtió que el escenario en Haití se ha complejizado por la presencia de delincuencia organizada y cárteles, al tiempo que planteó dudas sobre la estructura de control de las fuerzas desplazadas: “¿bajo qué mando se va a tener que operar: bajo el paraguas de las Naciones Unidas o bajo el paragua de la OEA?”. Campos enfatizó la necesidad de precisar los acuerdos de estatus de fuerza para evitar vacíos jurídicos en el derecho internacional.

Finalmente, los análisis concluyen en que la prioridad absoluta debe ser garantizar la seguridad del personal y lograr el retorno con vida de los cuatro compatriotas. No obstante, se señala que la neutralización de los grupos irregulares es solo el primer paso de un proceso más amplio, el cual requerirá planes de reconstrucción social y el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad militar a futuro.