El Congreso de Chile aprobó una ley que busca agilizar la expulsión de migrantes en situación irregular. La normativa permite a la policía solicitar autorización judicial para ingresar a domicilios y detener a personas que tengan una orden de expulsión vigente.
La iniciativa fue presentada en 2024 por el entonces presidente Gabriel Boric y retomada por el actual mandatario, José Antonio Kast, quien asumió el poder en marzo y prometió expulsar a más de 330,000 migrantes indocumentados que, según estimaciones, residen en el país.
La ley también faculta a las autoridades a solicitar información a organismos públicos para localizar a personas indocumentadas y notificarles sobre sus órdenes de expulsión, según informó el Senado chileno.
Pese a las medidas impulsadas por Kast, durante sus primeros seis meses de gobierno se expulsó a unas 1,800 personas, principalmente de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. La mayoría de los migrantes irregulares en Chile, sin embargo, son de nacionalidad venezolana.
La falta de relaciones diplomáticas con Venezuela ha dificultado las expulsiones de ciudadanos de ese país. Aunque ambos gobiernos acordaron normalizar sus vínculos en julio, el acercamiento aún no se ha traducido en un aumento de las deportaciones.