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Economistas plantean reducir la masa salarial y reformar el gasto público ante la presión fiscal en El Salvador

William Santos octubre 14

La sostenibilidad de las finanzas públicas en El Salvador demanda una reestructuración profunda de la masa salarial y una revisión minuciosa del presupuesto estatal. Ante los señalamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para efectuar reformas estructurales que garanticen la estabilidad financiera de largo plazo, analistas y economistas coinciden en que la presión fiscal generada por la deuda previsional y el gasto corriente exige ajustar la gestión del gasto sin comprometer el bienestar de la ciudadanía.

En el ámbito del empleo público, se ha cuestionado el sostenido incremento de la planilla estatal en las últimas administraciones y la urgencia de actualizar la Ley del Servicio Civil. El gasto en salarios consumió más del 40% del gasto corriente público acumulado en los últimos años, lo que hace prioritaria la búsqueda de un aparato estatal más eficiente. Al evaluar el crecimiento de la burocracia, el expresidente del Banco Central de Reserva y economista Carlos Acevedo señaló que “los últimos tres gobiernos… aumentaron el tamaño del Estado en más o menos 60,000 empleados públicos, o sea, eso hay que racionalizarlo”.

Asimismo, las recomendaciones fiscales del FMI respecto a focalizar la gratuidad de servicios públicos como la plataforma Doctor SV han generado un debate sobre la equidad tributaria y el acceso a la salud. Aunque el FMI sugiere introducir esquemas de copago para los sectores no vulnerables, expertos advierten que las familias salvadoreñas ya destinan una fracción importante de sus ingresos a financiar la salud pública a través del IVA y las cotizaciones previsionales. Al respecto, el economista Raúl Castellón cuestionó la aplicación de cobros adicionales argumentando que “hay una cantidad importante de recursos presupuestarios de la familia que se está dedicando al tema de salud; por lo tanto, al momento de que tú me digas a mí: ‘mira, te voy a cobrar ahora la salud’, yo te preguntaría: ¿por qué me vas a cobrar adicional a la que yo ya estoy pagando?”.

Finalmente, el análisis abordó el déficit actuarial y la carga que representan los certificados de deuda previsional, los cuales proyectan un nivel de endeudamiento cercano al 90% del Producto Interno Bruto (PIB). Para asegurar una gestión pública transparente y corregir estas deficiencias, los especialistas recalcaron la necesidad de modificar la elaboración de las cuentas nacionales. En esta línea, el experto previsional Patricio Pineda sostuvo que “la primer medida para que la ley o la reforma a la ley del servicio civil sea eficiente es que cambies la metodología con la que construís tu presupuesto… nosotros construimos un presupuesto por áreas de gestión que lo único que busca es la justificación del gasto”, instando a adoptar presupuestos basados en resultados para evaluar la verdadera eficiencia de la inversión pública.