Un migrante venezolano de 28 años, identificado como Wilber Garcés, denunció que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) le disparó durante un incidente ocurrido en Austin, Texas, mientras realizaba un reparto para la plataforma DoorDash. El hombre aseguró que el agente también chocó en dos ocasiones el vehículo que conducía antes de efectuar el disparo.
Garcés relató que el hecho ocurrió el domingo, cuando una camioneta negra se aproximó a su vehículo y un agente de inmigración le solicitó sus documentos. Según su versión, intentó buscar un lugar para estacionarse, pero el agente comenzó a seguirlo. El migrante aseguró que fue impactado dos veces por la camioneta y posteriormente recibió un disparo en la parte superior de la espalda.
Tras el incidente, Garcés fue trasladado inicialmente a un hospital, donde los médicos determinaron que la bala permanecía alojada en su cuerpo debido a su cercanía con la columna. Posteriormente fue llevado a un centro de detención en Pearsall, a unos 200 kilómetros al suroeste de Austin. Desde allí declaró que continuaba con fuertes dolores y que el proyectil le había provocado una fractura en la clavícula. Horas después, su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, informó que fue trasladado nuevamente a un hospital tras presentar parálisis en el lado izquierdo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que Garcés se encontraba estable y bajo custodia federal a la espera de su expulsión. La dependencia sostuvo que había ingresado ilegalmente a Estados Unidos durante la administración de Joe Biden. Sin embargo, su abogada rechazó esa versión y aseguró que Garcés ingresó legalmente en 2024 mediante el programa CBP One, contaba con un permiso de trabajo y permanecía en el país bajo libertad condicional mientras solicitaba asilo.
La defensa también señaló que la orden de deportación se emitió luego de que Garcés no acudiera a una audiencia migratoria, debido a que la notificación habría sido enviada a una dirección donde ya no residía. Su abogada anunció que solicitarán su liberación y reclamó una investigación sobre el uso de la fuerza. El caso generó además protestas frente al Capitolio de Texas, en un contexto de creciente cuestionamiento a los operativos migratorios impulsados durante la administración de Donald Trump.