Experto advierte que una reforma de pensiones no debe limitarse a aumentar edad y años de cotización

El debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional en El Salvador cobra urgencia en el marco de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad que contempla la necesidad de impulsar una reforma al modelo de pensiones. Según explicó el experto en pensiones Patricio Pineda, un ajuste estructural efectivo no debe limitar la discusión únicamente a tres parámetros básicos —edad de jubilación, años de cotización y tasa de aporte—, sino evaluar hasta 17 variables actuariales para evitar medidas superficiales que no resuelvan la crisis de fondo.

Pineda advirtió que la postergación de la reforma para después de los eventos electorales responde a razones de cálculo político para evitar un costo electoral y no a criterios estrictamente técnicos. Al respecto, el experto señaló que “las paramétricas es un tema de discusión del que nadie quiere abordar”, destacando que una alteración en la edad de retiro o en los requisitos de servicio afectaría de manera directa a cerca de 600,000 trabajadores.

Ante la posibilidad de que los ajustes solicitados por organismos multilaterales impliquen reducciones en las tasas de reemplazo, el analista recomendó a la población que ya reúne los requisitos vigentes que gestione de inmediato su retiro. “Las personas que ya cumplieron requisitos para pensionarse, retírense inmediatamente”, enfatizó Pineda, tras explicar que las propuestas proyectadas a futuro no contemplan incrementos en las cuantías para los nuevos jubilados.

Frente a este escenario, la Mesa por una Pensión Digna plantea la implementación de un sistema mixto complementario que mantendría la tasa de cotización actual del 16 % sin incrementarla, distribuyéndola entre un pilar colectivo y otro de cuenta individual. Según Pineda, “sin necesidad de aumentar la edad, el tiempo de servicio y la cotización podemos lograr mejores pensiones”, esquema con el cual se buscaría elevar la pensión mínima a 400 dólares y generar sostenibilidad financiera tanto para los cotizantes como para el Estado