El plazo fijado para la fecha límite del Estatus de Protección Temporal (TPS) se cumplió este 9 de septiembre de 2026, dejando en incertidumbre a más de 170,000 salvadoreños en Estados Unidos ante el silencio oficial. A pesar de la preocupación generada por los permisos de trabajo, especialistas aclararon que este vencimiento no implica deportaciones masivas de forma inmediata.
Al analizar la problemática, el sociólogo Walter Fagoaga advirtió que la situación configura una «policrisis» con serias repercusiones sociales. “Es un estatus temporal pero se mueve en dos tiempos: el tiempo que es eminentemente legal […] y un tempo social donde la gente ha creado raíces”, explicó Fagoaga al enfatizar la vulnerabilidad en la que quedan las familias transnacionales.
#Diálogo21 | “El tema del TPS no solamente es migratorio y humanitario; también abre el abanico de una policrisis. Hay que analizar al menos cinco escenarios clave: el legal, familiar, social, económico, político y geopolítico”, sostuvo Walter Fagoaga, sociólogo. pic.twitter.com/jjFzbmqyfr
— Diálogo – GMV (@dialogo21) September 9, 2026
En el ámbito económico y legal, los analistas destacaron los aportes de la comunidad y las salvaguardas normativas. El experto en migración Jizi Moza resaltó que los tepecianos aportan “5,400 millones de dólares por año” a la economía estadounidense, mientras que el abogado Gilberto Hernández aclaró que, si las autoridades no publican una decisión formal a tiempo, el beneficio “se le extiende a los tepecianos por 6 meses” de manera automática.
#Diálogo21 | “Sabemos que en 10 años los tepesianos han generado $6.9 billones de dólares, pero esa cantidad no necesariamente será recuperable, porque los servicios sociales que han pagado no serían aplicables para ellos”, explicó Jizi Moza, experto en temas migratorios. pic.twitter.com/ItnqLOflgR
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Ante este escenario, los panelistas instaron a mantener la calma, buscar orientación correcta y abordar el tema como una prioridad de país. El licenciado Hernández recomendó a la población amparada que “busquen abogados especializados” para evitar estafas, mientras que Fagoaga concluyó que afrontar esta coyuntura requiere “mente, frialdad y consenso” entre la sociedad y las instituciones.
#Diálogo21 | “El Salvador fue el primer país en recibir el TPS en 2001, tras la petición del entonces presidente Francisco Flores a George W. Bush, como un alivio migratorio ante las condiciones adversas que enfrentaba el país”, afirmó Gilberto Hernández, abogado. pic.twitter.com/0fs2pnBaXN
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