Representantes magisteriales de El Salvador señalaron deficiencias en la aplicación de los protocolos de protección ante denuncias de acoso escolar en el sistema educativo público. Francisco Zelada, secretario general de SIMEDUCO, y Paz Zetino, secretario de Organización de Bases Magisteriales, advirtieron que la falta de respuestas oportunas y las fallas en el seguimiento exponen a docentes y estudiantes a situaciones de vulnerabilidad, lo que incluso provoca que algunas víctimas abandonen sus estudios.
Aunque la normativa legal y el artículo 56 de la Ley de la Carrera Docente ordenan la suspensión inmediata del docente acusado y el traslado del caso a la Fiscalía General de la República (FGR), los dirigentes explicaron que la aplicación de las fases preventivas del protocolo suele ser inconsistente debido a diferencias locales o intereses departamentales. Respecto a la vulnerabilidad de los educadores ante acusaciones infundadas, Zelada enfatizó que “se deben seguir los debidos procesos” y que “el Estado tiene que tener organismos muy fortalecidos para llegar a la verdad”, señalando que en ocasiones las denuncias se usan como un “mecanismo de chantaje”.
#Diálogo21 | Francisco Zelada, secretario general de SIMEDUCO, sostuvo que existen varios casos de docentes que han sido denunciados como una forma de chantaje. pic.twitter.com/Uw544qfLzU
— Diálogo – GMV (@dialogo21) September 7, 2026
Por su parte, Zetino alertó sobre el grave daño moral y económico que sufren los profesores que resultan absueltos tras ser falsamente acusados en redes sociales o por disputas internas. Al respecto, criticó el frecuente incumplimiento de la restitución de derechos manifestando que “si el profesor es absuelto (…) deben de resarcirle el derecho y pagarle por lo menos los salarios y sabe qué no les están pagando los salarios caídos”. Además, sostuvo con preocupación que “la mayor parte de denuncias que llegan a la Fiscalía General de la República por este tipo de situaciones no se pueden probar”.
#Diálogo21 | “Si un padre de familia utiliza a su hijo para sacarle dinero a un profesor, eso no es correcto. Hay que ser responsable con los actos, porque así se afecta la integridad del docente y se destruye su grupo familiar”, advirtió Paz Zetino, secretario de Organización de… pic.twitter.com/Ff9m5J7irR
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Para abordar esta situación de salud mental en las aulas, ambos líderes propusieron formalmente al Ministerio de Educación la creación de un observatorio de conducta integrado por psicólogos y peritos que monitoree tanto a profesores como a alumnos. Asimismo, exigieron que las investigaciones se realicen sin sesgos políticos o discriminación departamental, y que se apliquen penas de cárcel para quienes interpongan denuncias falsas de manera irresponsable.