AFP<\/p>\n\n\n\n
El caso Ayotzinapa, la desaparici\u00f3n de 43 estudiantes mexicanos a manos de narcotraficantes, cumple este martes nueve a\u00f1os sin que se conozca el paradero de 40 de ellos ni los m\u00f3viles del crimen, que salpica a militares.<\/p>\n\n\n\n
Aunque el hecho es atribuido al c\u00e1rtel Guerreros Unidos y polic\u00edas a su servicio, no est\u00e1n claras las motivaciones, pero s\u00ed hay consenso en cuanto a que otras autoridades estuvieron al tanto de los hechos que terminaron probablemente con el asesinato de los j\u00f3venes.<\/p>\n\n\n\n
Una investigaci\u00f3n de juristas internacionales y otra del gobierno del izquierdista Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador se enfocaron en desmontar la llamada “verdad hist\u00f3rica” planteada por el anterior mandatario, Enrique Pe\u00f1a Nieto (2012-2018), que descart\u00f3 la participaci\u00f3n de mandos militares.<\/p>\n\n\n\n
Esa versi\u00f3n concluy\u00f3 que los j\u00f3venes fueron ejecutados, incinerados y sus restos arrojados a un r\u00edo, luego de que Guerreros Unidos los confundiera con delincuentes enemigos. Limit\u00f3 as\u00ed la responsabilidad a pistoleros y polic\u00edas municipales.<\/p>\n\n\n\n
Actualmente est\u00e1n detenidos el exfiscal general Jes\u00fas Murillo Karam, dos generales, 20 miembros del Ej\u00e9rcito y otras 100 personas entre delincuentes, agentes de seguridad y funcionarios, pero no hay condenas.<\/p>\n\n\n\n
Los familiares de las v\u00edctimas acusan al gobierno de no haber entregado toda la informaci\u00f3n que posee sobre los eventos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala (estado de Guerrero, sur).<\/p>\n\n\n\n
L\u00f3pez Obrador alega que su gobierno ya comparti\u00f3 con los fiscales todo el material disponible, incluyendo documentos militares y de inteligencia e interceptaciones telef\u00f3nicas de Estados Unidos a Guerreros Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Los j\u00f3venes fueron secuestrados tras apoderarse de autobuses en los que viajar\u00edan a una manifestaci\u00f3n en Ciudad de M\u00e9xico. Solo han aparecido restos incinerados de tres de ellos.<\/p>\n\n\n\n
A continuaci\u00f3n los principales hallazgos del caso, considerado una de las peores violaciones de derechos humanos en M\u00e9xico, donde m\u00e1s de 100.000 personas desaparecieron desde 2006 cuando el gobierno lanz\u00f3 una ofensiva militar antidrogas.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el informe presentado en agosto de 2022 por la gubernamental Comisi\u00f3n de la Verdad (COVAJ), los alumnos de la normal de Ayotzinapa fueron asesinados y se trat\u00f3 de un “crimen de Estado” por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de “autoridades estatales y federales”.<\/p>\n\n\n\n
La COVAJ y la Fiscal\u00eda basaron su pesquisa en los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado en 2015 por acuerdo entre M\u00e9xico y la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n
El reporte confirm\u00f3 la presencia de un soldado infiltrado como informante, que desapareci\u00f3 con los 43, y reconoci\u00f3 que autoridades federales estuvieron informadas “en todo momento” de la situaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Se presume que autoridades “del m\u00e1s alto nivel” alteraron hechos y circunstancias “para establecer una conclusi\u00f3n ajena a la verdad”, asegura la COVAJ.<\/p>\n\n\n\n
El GIEI, cuya labor culmin\u00f3 en julio pasado y es respaldada por los familiares, denunci\u00f3 que la documentaci\u00f3n entregada por el Estado “es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones” sobre el d\u00eda del crimen y fechas posteriores.<\/p>\n\n\n\n
La comisi\u00f3n de expertos “se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes”, se\u00f1al\u00f3 el grupo.<\/p>\n\n\n\n
Y aunque reconoci\u00f3 “voluntad pol\u00edtica” de L\u00f3pez Obrador para abrir archivos del Ej\u00e9rcito, la Marina y los servicios de inteligencia, reproch\u00f3 su insistencia en ocultar informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Desde 2016 el GIEI aport\u00f3 evidencia sobre manipulaci\u00f3n de la escena del crimen por parte de autoridades y confirmaci\u00f3n del uso generalizado de torturas para obtener testimonios.<\/p>\n\n\n\n
En 2019 sum\u00f3 pruebas basadas en comunicaciones entre agentes del Estado y delincuentes, que demuestran que “actuaron de forma coordinada como parte de una red criminal”.<\/p>\n\n\n\n
El privado Archivo Nacional de Seguridad, que publica documentos desclasificados por Estados Unidos, asegur\u00f3 este martes que ese pa\u00eds sab\u00eda que los autores del crimen “ten\u00edan aliados en todos los niveles del gobierno mexicano”.<\/p>\n\n\n\n
Basado en un informe de la DEA, a\u00f1adi\u00f3 que en la \u00e9poca de los hechos Guerreros Unidos traficaba drogas desde Iguala a la ciudad estadounidense de Chicago. Versiones de prensa indican que ese trasiego se realizaba en autobuses.<\/p>\n\n\n\n
Una investigaci\u00f3n de The New York Times difundida a inicios de septiembre, que consult\u00f3 “23.000 mensajes de texto in\u00e9ditos, declaraciones de testigos y documentos de investigaci\u00f3n”, asegur\u00f3 por su parte que el c\u00e1rtel ten\u00eda sometidos bajo amenaza o sobornos a polic\u00edas, militares y funcionarios de todo nivel.<\/p>\n\n\n\n
Y a\u00f1adi\u00f3 que los sicarios habr\u00edan confundido la caravana de autobuses con una incursi\u00f3n enemiga, por lo que ordenaron detener y eliminar a los estudiantes.<\/p>\n\n\n\n
L\u00f3pez Obrador prometi\u00f3 este martes revelar todas las comunicaciones entregadas por Washington.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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