AFP
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, prometió este martes un proceso de cierre “ordenado y seguro” de la mayor mina de cobre de Centroamérica, de capital canadiense, después de que la Corte Suprema declarara “inconstitucional” su contrato de concesión.
La aprobación del contrato minero por parte del Congreso, el 20 de octubre, desató las mayores protestas en Panamá desde la caída del dictador Manuel Noriega en 1989, semiparalizando al país por más de un mes y con pérdidas superiores a más 1.700 millones de dólares, según gremios empresariales.
“Tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo que declara inconstitucional” el contrato minero “se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina”, dijo Cortizo en un mensaje al país.
“Por el impacto en la sociedad panameña del proceso de cierre” cada decisión que se adopte “tiene que ser atendida de manera responsable, inclusiva y participativa”, agregó.
La Corte Suprema declaró este martes “inconstitucional” el contrato entre el gobierno panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) para operar por 40 años la mina, que tiene unos 50.000 trabajadores directos e indirectos.
Tras el anuncio se desataron celebraciones en distintas partes del país y comenzaron a ser levantados los bloqueos de carreteras.
Cientos de panameños festejaron el fallo, dictado el día en que Panamá conmemora su independencia de España, en una de las principales avenidas de la capital.
“Es un fallo trascendental, no solamente para el futuro de Panamá, si no para nuestra defensa en los tribunales internacionales. Ninguna empresa extranjera puede venir aquí a zarandearnos sus millones y decir que porque invierten pueden hacer lo que les da la gana”, dijo a la AFP la ambientalista Raisa Banfield.
“Esto es como haber ganado el Mundial (de fútbol), este es el triunfo del pueblo panameño”, declaró a la AFP Katherine Tuñón, de 38 años, mientras celebraba tras conocer el fallo.
Sin embargo, el líder del sindicato de la construcción Suntracs, Saúl Méndez, advirtió que las protestas seguirán “hasta el cierre” de la mina.
La multinacional dijo en un comunicado que “desde el inicio” ha operado “con transparencia y estricto apego a la legislación panameña”.
La compañía aseguró que “también ha escuchado el clamor popular”. Por tal razón, agregó, se mantendrán “atentos al diálogo constructivo que permita definir un curso de acción que satisfaga ese clamor” y “los intereses y expectativas legítimas” de la inversión.
Por su parte, el sindicato de trabajadores de la mina pidió en un comunicado “a las autoridades que cumplan con su papel de garantizar nuestras plazas de trabajo o en su defecto, el pago de las prestaciones laborales si se diera el caso”.