AFP
Abogados de los familiares de cuatro periodistas holandeses asesinados por el ejército salvadoreño hace 41 años demandaron este viernes a la Justicia de El Salvador agilizar la extradición de un coronel presuntamente implicado en el crimen y que reside en Estados Unidos.
Se trata del coronel en retiro Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería de Chalatenango, requerido por un Juzgado del municipio de Dulce Nombre de María, departamento de Chalatenango, 78 km al norte de San Salvador.
“Tiene que apurarse el sistema judicial salvadoreño en tramitar este proceso de extradición (de Reyes Mena) que esperamos culmine en los siguientes meses”, declaró en rueda de prensa el coordinador del equipo de abogados de las víctimas, Pedro Cruz.
Tanto Cruz como miembros de la Fundación Comunicándonos y la embajadora del Reino de los Países Bajos para Centroamérica, Christine Pirenne, participaron en un emotivo acto que conmemoró 41 años del crimen al pie de un monumentos a las víctimas de la guerra civil en un parque de San Salvador.
Reyes Mena, quien figura como “el principal sospechoso de dar la orden del crimen”, ya cuenta con una difusión (circular) roja para su captura” y lo que hace falta es que “se lleve a cabo el proceso de extradición”, comentó por su parte Óscar Pérez, de la Fundación Comunicándonos, que apoya a familiares de las víctimas.
Por el múltiple crimen que conmovió a la comunidad internacional permanecen bajo “detención provisional” en un hospital el exministro de Defensa General José Guillermo García y el exdirector de la ahora proscrita Policía de Hacienda coronel Francisco Antonio Morán, custodiados por la policía.
El 17 de marzo de 1982, los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen murieron tras una emboscada tendida por el ahora proscrito batallón Atonal, en el área rural del municipio de Santa Rita, Chalatenango.
Los periodistas habían llegado a El Salvador para elaborar un documental que reflejara el contraste que experimentaba una familia de la capital San Salvador y otra que vivía en un poblado en conflicto.
El tribunal de Dulce Nombre inició la causa en 1982, pero el caso se estancó porque la jueza que lo investigaba fue amenazada y se refugió en Canadá. En 1993 la causa se congeló completamente por la Ley de Amnistía que perdonó los crímenes de guerra.
Pero en 2016 la justicia salvadoreña declaró inconstitucional esa ley. Tras ello, el 13 de marzo de 2018 diferentes organizaciones, con el apoyo de la embajada de los Países Bajos para Centroamérica, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía.