AFP
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, dieron un paso decisivo para consolidar su control absoluto sobre el país con una reforma constitucional ratificada este jueves por el Parlamento. En virtud de esta reforma, Ortega y Murillo, quien sube de vicepresidenta a “copresidenta”, asumirán el control de todos los poderes del Estado y de la sociedad civil, lo que ha generado profundas preocupaciones sobre el futuro democrático del país.
La reforma, que amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, fue aprobada por “unanimidad” en el Congreso, dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y marca un giro drástico en la estructura de poder en Nicaragua. Los “copresidentes” ahora coordinarán los tres poderes del Estado, es decir, los órganos legislativo, judicial y electoral, que hasta ahora se consideraban independientes.
Ortega, exguerrillero de 79 años y líder histórico de la revolución sandinista, ha estado en el poder desde 2007, mientras que Murillo, de 73 años, ha sido una pieza clave en su gobierno. Ambos han sido acusados por los opositores de instaurar una “dictadura familiar” que controla todos los ámbitos de la vida nicaragüense.
El abogado estadounidense Reed Brody, miembro de un grupo de expertos de la ONU sobre derechos humanos en Nicaragua, calificó la reforma como un “atentado contra el Estado de derecho y las libertades fundamentales” en el país. Esta crítica se sumó a las preocupaciones internacionales, reflejadas en un comunicado de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que expresó su “profunda preocupación” por los retrocesos en las libertades civiles y políticas.
Una de las medidas más polémicas de la reforma es la retroactividad del mandato presidencial, lo que extiende el periodo de Ortega hasta 2028, gobernando junto a Murillo. Este cambio también transforma a Nicaragua en un Estado “revolucionario” y “socialista”, adoptando la bandera rojinegra del FSLN como símbolo patriótico.
Murillo celebró la aprobación de la nueva Constitución, calificándola como un “modelo de democracia directa” y destacando que el Congreso ha sellado “un nuevo capítulo” en la historia del país. Sin embargo, las reacciones en contra no se hicieron esperar. Aparte de las críticas por el control absoluto del poder, la reforma establece medidas de control sobre los medios de comunicación y la Iglesia, asegurando que ambos no respondan a “intereses extranjeros”.
Además, la reforma introduce la creación de una “Policía Voluntaria”, integrada por civiles y con la función de apoyar a las fuerzas de seguridad. Esta medida hace referencia a los eventos de 2018, cuando más de 15.000 civiles, conocidos por su rostro encapuchado, actuaron como fuerzas paramilitares en la represión de las protestas antigubernamentales.
En un giro adicional, la reforma también oficializa la retirada de la nacionalidad a los opositores y críticos del régimen, un proceso que ha afectado a más de 450 personas en los últimos años.
Con esta reforma, Ortega y Murillo cierran el círculo de control sobre Nicaragua, sumiendo al país en una etapa de incertidumbre política y social, y haciendo más difícil la posibilidad de un cambio democrático.
