AFP
La Comisión Europea lanzó este miércoles las bases de su ambiciosa transformación verde, con un paquete de propuestas con las que pretende alcanzar la meta de reducir sus emisiones en 55% para 2030 con relación a 1990.
El enorme programa, que aún será objeto de negociaciones en el Parlamento Europeo, introducirá gradualmente exigencias ambientales en los automóviles que promoverán la salida de escena de los modelos con motor a gasolina y diésel a partir de 2035.
El plan fue presentado formalmente por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el responsable por la política ambiental de esa institución, Jens Timmermans, además de otros funcionarios.
“Europa es el primer continente en presentar una arquitectura verde integral: tenemos el objetivo y ahora presentamos una ‘hoja de ruta’ para lograrlo”, dijo Von der Leyen.
De acuerdo con la funcionaria alemana, el programa “combina la reducción de emisiones de carbono con medidas para preservar la naturaleza y situar el empleo y la igualdad social en el corazón de esta transformación verde”.
El lanzamiento del plan abre las puertas a una batalla titánica entre el Parlamento Europeo y los países miembros, a la que se suman grupos empresariales de presión y oenegés, en un proceso demorado.
Además del fin de los motores de combustión interna, el plan propone un impuesto al queroseno utilizado como combustible de aviación para los vuelos dentro del bloque, una idea que ya hizo encenderse las luces de alarma entre empresas aéreas.
– Mercado de carbono –
Uno de los puntos fundamentales del plan es la redefinición del alcance del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE), el mercado europeo de carbono donde las empresas adquieren derechos para contaminar.
El RCDE es el pilar central de la nueva política europea, ya que las empresas que lo utilizan representan el 40% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea.
Por el nuevo marco, la RCDE reducirá progresivamente el otorgamiento de las cuotas gratuitas de emisión hasta el año 2036.
Originalmente, esas cuotas gratuitas son otorgadas a productores con sede en la UE para ayudarlos a competir con importaciones más baratas y menos reguladas.
El plan determina también que algunas importaciones (como las de productos de acero, y cemento) pasarían a estar gradualmente sometidas a las reglas de la RCDE, mediante la compra de los “certificados de emisión”.
Con estas medidas, la Unión Europea espera poder aportar anualmente unos 14.000 millones de euros (más de 16.000 millones de dólares) al presupuesto.
La Comisión propone también extender el alcance del RCDE al transporte marítimo y de carreteras, así como al enorme mercado de calefacción de viviendas.
– Reacciones “enormes” –
En este sentido, en la presentación del plan el propio Timmermans advirtió que la Comisión tendrá que mostrar que la transformación verde de la economía del bloque se hará “solidaridad y justicia”.
En caso contrario, alertó, “las reacciones serán enormes”.
“Nada de lo que hemos presentado hoy será fácil. Será muy difícil. Lo sé. Pero es algo que tenemos que hacer”, afirmó Timmermans.
Para el eurolegislador francés Pascal Canfin, de la comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo y quien será un actor central de las negociaciones, se trata de un “paquete histórico” que tendrá un impacto en el modelo económico de las industrias y las forzará a adoptar tecnologías limpias.
No obstante, Canfin advirtió sobre los efectos sociales prácticos de estas medidas.
El costo político podría ser “extremadamente alto para una ganancia climática muy baja” en caso que haya descontento, dijo.
Las divisiones en el seno de la Comisión Europea, en tanto, habrían surgido al tratar temas especialmente sensibles, como las medidas para imponer combustibles sostenibles y probablemente más costosos en sectores públicos como el transporte, la calefacción y la refrigeración, así como la construcción.
Los Estados miembros principalmente orientales, como Polonia, que dependen del carbón, también deberán resistirse a metas más estrictas de reducción de emisiones.
“Cada estado tendrá que defender sus intereses porque sus situaciones son muy diferentes en términos de industria, geografía, suministro de energía y capacidad de inversión”, dijo un diplomático de la UE.