AFP
A continuación, los aspectos más relevantes de la crisis política en Nicaragua, desde las protestas contra el gobierno reprimidas en 2018 hasta las detenciones de varios opositores, incluidos posibles candidatos presidenciales, cinco meses antes de las elecciones.
– Protestas reprimidas –
En 2018, Nicaragua se vio sacudida por una ola de protestas exigiendo la renuncia del presidente Daniel Ortega, exguerrillero sandinista en el poder entre 1985 y 1990 y nuevamente desde 2007, así como de su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta desde 2016.
Los manifestantes acusaban a la pareja presidencial de haber instaurado una “dictadura” marcada por la corrupción y el nepotismo.
La comunidad internacional denunció la violenta represión de las protestas, en las que murieron 328 personas.
Cientos de opositores fueron encarcelados y más de 100.000 nicaragüenses se exiliaron.
– Nuevo arsenal legal –
En octubre de 2020, un año antes de las elecciones presidenciales, simpatizantes de Daniel Ortega presentaron dos proyectos de ley denunciados tanto por la comunidad internacional como por defensores de los derechos humanos y la libertad de prensa.
El primero preveía el registro como “agente extranjero” de cualquier persona o entidad que recibiera fondos del exterior, incluidos periodistas y oenegés, lo que se tradujo en un estrecho seguimiento y una severa restricción de los derechos civiles y políticos.
El segundo sancionaba con penas de prisión la “publicación o difusión (en redes sociales) de información falsa (o) distorsionada, susceptible de sembrar preocupación, angustia o miedo entre la población”.
En diciembre, el parlamento aprobó otra ley impugnada, excluyendo de las elecciones de 2021 a quienes promovieran sanciones extranjeras contra Nicaragua, una clara referencia a la oposición.
– Convocatoria a elecciones –
En mayo de 2021, el Parlamento aprobó la composición del nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE) integrado por magistrados favorables al gobierno, con miras a unas elecciones en las que el presidente debe aspirar a un cuarto mandato consecutivo.
El CSE convocó a las elecciones para el 7 de noviembre, a pesar de las críticas de la oposición y la comunidad internacional por la falta de garantías para asegurar un proceso justo y transparente.
– Detención de opositores –
El 4 de junio, la periodista Cristiana Chamorro, que despunta como la aspirante con mayores posibilidades contra Daniel Ortega en la carrera presidencial, fue puesta bajo arresto domiciliario acusada por parte del gobierno de lavado de dinero .
Chamorro es hija de la expresidenta de Nicaragua Violeta Chamorro y de Pedro Joaquín Chamorro, héroe de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza (1936 a 1979).
En los días siguientes fueron detenidos otros cuatro posibles candidatos presidenciales: el politólogo Félix Madariaga, el economista Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana Chamorro) y el exdiplomático Arturo Cruz.
También son arrestados disidentes sandinistas, miembros de la sociedad civil y empresarios.
Estados Unidos llama “dictador” a Daniel Ortega, impone sanciones a cuatro de sus familiares y exige, al igual que la ONU, España y la Unión Europea la liberación de los opositores.
A mediados de junio, el gobierno acusa a los posibles candidatos presidenciales detenidos de ser “usurpadores” financiados por Estados Unidos para derrocar al presidente.
El día 20 fue detenido un quinto candidato, el periodista Miguel Mora, como parte de una investigación por ataques a la soberanía nacional.